Inspección y vigilancia

Una revuelta se armó hace poco cuando el Ministerio de Agricultura expidió la resolución 52 sobre inspección y vigilancia de los gremios agropecuarios. Pero resulta que, según lo manifiesta el Ministerio, solo están reglamentando lo que ordena la Ley 2219 de 2022, aprobada por el Congreso y sancionada durante el gobierno de Iván Duque.

Lo primero que hay que decir es que, parece increíble, que la intervención de todos y cada uno de los gremios agropecuarios no se hubiera hecho efectivamente y con contundencia cuando correspondía, durante su trámite en el Congreso, cuando tenían influencia para evitar los artículos que hoy los afectan, o al menos morigerar para no caer en manos del Ministerio.

La entidad que tenía la mayor obligación de defenderse era la Federación Nacional de Cafeteros -además de ser la responsable de generar este debate jurídico, por ser la única asociación agropecuaria con origen municipal y departamental, de pequeños y medianos productores- lo que según los juristas consultados son los sujetos pasivos de inspección y vigilancia contemplados en la ley y que refleja tal cual la esencia de Fedecafé. Por ejemplo, asociaciones del orden nacional como Asocaña, Fedepalma, Asocolflores, etc., no reúnen los requisitos para quedar sometidos a la ley y a la resolución.

Todos los gremios salieron a protestar, ante el peligro remoto de ser sujetos de control y vigilancia. De pronto como respaldo a la Federación de Cafeteros, que se consideró supuestamente el objeto de la resolución, porque al no tener relación con el Presidente, puede ser la primera víctima.

Desde luego, si el trámite de la ley se hubiese realizado con juicio, la inspección y vigilancia habría quedado en manos de una superintendencia como la de Sociedades, por ejemplo, para analizar estatutos, cumplimiento del objeto, cierre de cuentas, etc., que sería la más pertinente. Dado que es inconcebible que asociaciones que defienden intereses de sus agremiados -y unas veces acuerdan, pero la mayoría de las veces critican las medidas del ministerio- terminen sujetos de inspección y vigilancia, precisamente de su contraparte; se convierte en un atentado a la capacidad de disentir de los gremios agropecuarios.

Por esta razón la Federación Nacional de Cafeteros, desde sus orígenes, siempre ha sido una institución aliada de los gobiernos, precisamente por ejecutar una política pública, dirigida a los pequeños campesinos que la conforman, origen de la parafiscalidad en Colombia. Además, en múltiples ocasiones ha sido el Gobierno el que ha tenido que auxiliar a los cafeteros, precisamente por su importancia social que va más allá de la simple actividad de producir.

Desde luego, no compete a esta resolución la actividad de los recursos parafiscales que, amparados por una ley administrarán muchos gremios, sólo se refiere a la vigilancia de la actividad gremial, porque los recursos públicos los regula el contrato de administración.

En el caso de los cafeteros, las decisiones se toman con tres ministros y el director de Planeación Nacional, para bien de los productores, entendiendo los gerentes de turno su condición de líderes de la caficultura y no contradictores, para lograr los objetivos sociales y económicos de la actividad, en absoluta armonía con el Gobierno Nacional.