Pasa de agache el paro judicial

Llevamos cerca de un mes en que la mayoría de los despachos judiciales del país se encuentra en cese de actividades y nadie (incluidos los medios de comunicación) ha dado la importancia necesaria al paro judicial. Lo habitual es que las personas crean que este tipo de manifestaciones solo afecta a quienes nos dedicamos al ejercicio del Derecho en la ardua tarea del litigio, pensamiento que no puede estar más distante de la realidad, porque un país sin una justicia pronta y eficiente es lo más cercano a un estado fallido. 

El principal motivo por el cual un estado tiene su origen o fundamento es proveer seguridad y justicia a los ciudadanos, por lo que no garantizar el acceso a la administración de justicia podría perfectamente encajar a Colombia como un estado fallido o a punto de estarlo, conclusión a la que se llega sencillamente, como la suma de uno más uno. Este paro no es ajeno al vivido hace tres años, donde estuvimos cerca de tres meses sin poder acceder a la justicia. Coincidencialmente, en ese entonces se estaba reclamando exactamente lo mismo que hoy se debate: volver permanentes los juzgados de descongestión (medida con la que estoy de acuerdo) y la nivelación salarial, que sin duda es necesaria, pero en épocas de tanta mermelada hay que velar por la sostenibilidad fiscal, por lo que aquella debe hacerse de forma gradual. Lo complejo es que hoy, como hace tres años, se quiere tapar el sol con un dedo.  

Un estado sin justicia es como un espadachín sin brazos. El asunto en Bogotá y otras ciudades es crítico: se está cercenando la posibilidad de que personas con reales perjuicios puedan, por ejemplo, acceder a una acción de tutela. Así mismo se le está generando un posible detrimento a la Nación con las billonarias demandas que puede perder, porque la cuenta no para con el paro. Eso sumado a que no ponerle atención al paro judicial es abrir la puerta a la autocomposición o justicia de propia mano que tanto ha hecho carrera en Colombia.  

Un país que está en negociaciones de paz no puede darse el lujo de que su Justicia esté “parapléjica” por cuenta de no tomar las medidas a tiempo y de raíz. Lo mismo sucede con el supuesto proceso de ingreso a la OCDE, la cual no admitirá un estado fallido por la incapacidad de atender la necesidades básicas de los ciudadanos. La Justicia es el catalizador de la sociedad, es la manifestación pura de la confianza legítima en las instituciones, la adhesión al contrato social y la prueba fehaciente de que se ejerce soberanía por parte del Estado. Este contrato social se encuentra en grave causal de incumplimiento por cuenta hoy del gobierno de Juan Manuel Santos, que no podrá alegar su propia culpa como causal para eludir su responsabilidad. 

Lo paradójico es que la mayoría de los medios registran el paro judicial solo cuando hay audiencias aplazadas de algunos investigados célebres por sus escándalos, que lo único que les genera es el rating momentáneo, pero no es una verdadera preocupación por el bienestar social. Este paro judicial es una muestra más de la grave crisis institucional en la que estamos sumergidos. Ahora bien, es cierto que, independientemente de la falta de atención a la problemática real de la Justicia, al paro se suma algún porcentaje menor de funcionarios que no hacen bien su trabajo y que dista mucho de ser una justicia especializada. Debe exigírseles compromisos, mas allá de la simple estadística, que permitan dar solución real a la cantidad de procesos judiciales sin resolver y que duermen el sueño de los justos en los despachos. Así como piden se les debe exigir. 

La parálisis de la Justicia es un hecho que atañe a todos los colombianos: es el pilar principal para lograr equidad social y como sociedad debemos cuestionarnos cómo un problema de semejante talante no le importa a nadie y pasa de agache. Ha tenido más difusión y cubrimiento la “noticia” de la decisión personal sobre la sexualidad de Nerú y las apreciaciones de Petro al respecto que esta huelga, la cual realmente impacta al país en términos de desarrollo, competitividad y eficacia del Estado, así como a la ciudadanía en general, que ve como sus controversias no pueden ser dirimidas por la autoridad legítima porque aún sigue este paro judicial.