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La ‘olla’ que no se ha destapado en Sayco (I)

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Para quienes no están familiarizados con qué es o qué hace Sayco, esta es una sociedad de gestión colectiva, cuyo objeto es recaudar y distribuir los derechos que cada uno de sus asociados tiene sobre las obras musicales. Esta es una labor que viene desempeñando a lo largo de 65 años. Durante este tiempo, mucho es lo que ha dado para hablar esta sociedad, aparentemente lejana de la corrupción y politiquería, pero, aunque todos tengamos una percepción, la realidad es otra. 

A pesar de que Sayco tiene régimen privado de contratación, es decir, que no debe necesariamente estar ligada a lo comprendido en el estatuto de contratación estatal (licitaciones), al ser un órgano adscrito al Ministerio del Interior está obligada, como mínimo, a guardar respeto por los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva, entre otros, a la hora de celebrar cualquier tipo de contrato, más cuando se trate de administración de los recursos que producen los derechos patrimoniales de autor.

Cursando el año 2012, en un debate de control político al Ministro del Interior de la época se le oyó decir que “en Sayco había concierto para delinquir”. Una de las medidas que se tomaron en su momento fue nombrar a Andrés Espinosa Pulecio (quien a la fecha no es gerente de Sayco) como gerente de dicho órgano, con el fin de mitigar estos actos, por los cuales se había llegado a debate en el Congreso de la República por el nivel de corrupción mostrado. Pero al parecer esta medida, que sin duda tenía la mejor de las intenciones, no fue lo suficientemente efectiva para desaparecer ese mal que ronda la administración pública.

Curiosamente quien se erigiera para la fecha del debate como el salvador de Sayco, y precursor de la modernización que requerían los compositores del país para que su recaudo fuera más efectivo y eficiente, fue otro más de los que pasó con más pena que gloria, y les voy a decir por qué. Antes del 13 de abril de 2013, Sayco realizaba el recaudo por concepto de derechos patrimoniales de autor mediante sus propios medios, con un costo interno por este servicio de 7 % mensual y cifras de recaudo anual por valor de $56.000 millones. Extrañamente, ese 13 de abril cambió la historia para esta organización. En la Notaría 33 del Círculo de Bogotá, el entonces representante legal de Sayco (Espinosa Pulecio) firmó el contrato no. 758 con la sociedad Servinteg S. A. S. con el objeto de tercerizar el recaudo de los dineros producto de la explotación de derechos patrimoniales de autor. 

Hasta ahí todo parece concurrir en normalidad y calma, pero lo curioso es que existen varios hechos de índole disciplinaria, económica y de idoneidad del contratista que empañan la celebración del contrato no. 758 del 13 de abril de 2013. Como primer lunar encontramos que, para la fecha de la suscripción del contrato, quien era el representante legal de la sociedad Servinteg S. A. S. era el señor Andrés Botero Arbeláez, a quien el 2 de febrero de 2013 le fue dictada sentencia que le declaraba inhabilidad para la celebración de contratos con entidades estatales y para ocupar cargos públicos, por parte de la delegada para juicios de investigación y fiscales de la Contraloría General de la República, sanción que quedó en firme y rige del 6 de mayo de 2013 al 5 de mayo de 2018. El segundo hecho reprochable es que, tal como se informaba anteriormente, el costo directo de Sayco antes de la celebración del contrato en cuestión era de 7 %, y las cifras de recaudo, las antes mencionadas. Pues con este nuevo contrato el costo del recaudo es de 12 % mensual y el monto anual es de $50.486 millones. Son evidentes los sobrecostos que genera para los compositores este contrato y también es muestra de que su objetivo no se ha cumplido, toda vez que el valor por el recaudo anual se ha reducido en cerca de $6.000 millones, situación que va en claro detrimento de la organización. 

Pero como cereza de este pastel de malos manejos en la anterior administración, la experiencia que acredita Servinteg S. A. S. para suscribir el contrato es inmobiliaria. En consecuencia (lógica), esta compañía no es idónea para ejecutar el contrato, hecho que se refuerza con las cifras en claro descenso en el recaudo. Este es tan solo uno de los tantos interrogantes que genera la dirección por la que estaba siendo conducida en el pasado Sayco, además de ser un llamado de atención para que la Fiscalía y demás instituciones competentes inicien investigaciones para llegar al fondo de la ‘olla’, que promete tener aún mas de dónde sacar sin rasparla. ¿Por qué se celebró este contrato? Amanecerá y veremos en qué terminan las investigaciones de estos graves hechos. 

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