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Se ha promovido en diferentes espacios una campaña recurrente a favor de la prohibición del asbesto en el país. Más allá de un movimiento social, las denuncias del mundo entero, las decisiones de gobiernos del primer mundo, los casos de miles de víctimas anualmente reportadas y las que están apareciendo valientemente en Colombia, el llamado siempre ha sido para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y no se hagan las ciegas frente a una realidad latente como es la toxicidad de esta fibra letal que millones de personas consumen en múltiples aplicaciones industriales, y lo peor, sin saberlo.
El asbesto, prohibido por toda la Unión Europea, suprimido sin vacilaciones y de raíz por los consumidores en Estados Unidos y desechado por más de 50 países, contra todo pronóstico hoy hace presencia en Colombia con la reapertura de una mina de este material. Parece que las autoridades ambientales, el Ministerio de Salud y el Gobierno en general estuvieran en contra de la tendencia mundial a la erradicación y prohibición en el uso del asbesto como materia prima.
Además de abrir minas, cuando en todo el mundo se cierran, en Colombia este material hace macabra presencia con los centenares de empresas que, teniendo la experiencia y materias primas sustitutas en su línea productiva, simplemente ignoran los llamados de las víctimas y se limitan a contaminarnos. Preocupante la indiferencia de nuestros congresistas para atender asuntos que inciden drásticamente en la salud y bienestar de los colombianos.
Así como se ha pensado en reparar a las víctimas del paramilitarismo, de las Farc y hasta de Pablo Escobar, es imperioso reparar a las víctimas del mortal asbesto, por la evidente negligencia del Estado para atacar problemáticas que afectan derechos colectivos. Lo alarmante es la indiferencia, que es una clase de violencia silenciosa pero que confirma la apatía gubernamental hacia la explotación de este material. Es hora de que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría revisen minuciosamente la reapertura de la mina, el otorgamiento de licencias y permisos de explotación, y los efectos de la exposición a este material y, por qué no, tomen la vocería de miles de compatriotas que mueren en silencio por causa del asbesto.
Pero no todo es desconsuelo: hay que aplaudir que sin burocracia, sin compromisos o intereses, sin ruidos administrativos, Medellín, en cabeza del alcalde Aníbal Gaviria, hoy puede mirar con la frente en alto a las cientos de víctimas colombianas que, sin quererlo o aun sin saberlo, han perdido a sus seres queridos mientras cientos de multinacionales y agremiaciones pretenden defender a partir del “uso seguro” un mineral por el cual, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 110.000 personas en el mundo.
Después de muchos intentos con las diferentes autoridades del país, alguien responsable y valiente atendió el llamado de las más de 100 personas involucradas en el movimiento “No más asbesto” en Colombia. El señor alcalde de Medellín ha dicho no más al uso del asbesto en las construcciones de la ciudad.
Las víctimas de mesotelioma y asbestosis, producidas por la exposición al asbesto, hoy gritan: “Gracias, Medellín”, ciudad que, sin duda, merece su reconocimiento mundial por estar a la vanguardia en términos de educación, innovación, comercio y dinamismo económico, y que ha encontrado en sus administraciones una respuesta al éxito: gobernar para todos sus estratos. Sin demagogia, sin temor al costo político y sin connotaciones populistas, todos son tenidos en cuenta, incluso los olvidados y satanizados en otras administraciones acostumbradas a gobernar por Twitter.
Pero los esfuerzos no pueden quedar ahí, esta debe ser una política nacional, así que, señores ministros de Salud y de Ambiente, ¿queremos seguir abriendo brechas con la indiferencia? Si la respuesta es no, entonces hay que actuar ahora: la deuda con las víctimas no puede seguir creciendo.
