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El trasfondo de los paraísos fiscales

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Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos decidió declarar a Panamá paraíso fiscal. Esta desatinada postura de Colombia no tiene propósito distinto al de buscar la declaración de recursos en el exterior con fines fiscales, que permita aumentar el ingreso estatal y poder llenar el abismo fiscal creado en esta campaña de reelección. Si bien es cierto que han existido recursos que se han ido al exterior por no ser tan santa su procedencia, se debe entender el origen real de la fuga de capitales lícitos.

La salida masiva de capitales del país no se debe exclusivamente al origen ilegal de su actividad. La verdad sobre esta fuga reside en la incertidumbre creada en los años noventa, cuando la ley que imperaba en materia tributaria era la de las Farc, la misma que llevó a miles de colombianos al cautiverio o a ser víctimas de la extorsión, producto de la falta de presencia del Estado y de capacidad de reacción ante eventos como la “pesca milagrosa”, que no solo era un acto cobarde sino selectivo y sistematizado, al punto que hubo casos conocidos en los cuales dichas pesquisas eran realizadas con computador a bordo, con acceso a bases de datos sobre bienes y capital acumulado que permitían a la guerrilla hacer selección de sus secuestrados. 

Pero algo debe quedar claro: el hecho de tener una cuenta o sociedad en países que algunos no ven con buenos ojos por su flexibilidad tributaria y su discreción en la reserva bancaria no es per se sinónimo de una actividad ilegal. En un país donde un “hacker como Sepúlveda” tiene información de “seguridad nacional” o donde los medios de comunicación acceden fácilmente a la información financiera de cualquier persona, nada se puede esperar con respecto a la reserva bancaria.  El fin de este mecanismo, en la mayoría de los casos, no es más que la forma de comprar un seguro para evitar que ellos y sus familias sean víctimas de secuestros o extorsiones por parte de organizaciones como las Farc o cualquier otro fenómeno delincuencial de los que abunda en Colombia. 

El surgimiento de este hecho tiene su origen en el miedo natural de cualquier persona que tenga acumulado algún capital que le permita sobresalir y ser un diferencial en materia financiera en este país. Hoy vemos que la inseguridad o su percepción en el país ha aumentado y, por lo mismo, la salida de capitales a lugares donde la reserva bancaria es un principio fundamental es, más que un hecho evasor, de autoprotección. Por tanto, no debe catalogarse como un acto delictivo, menos cuando el Estado en este momento no tiene la capacidad de brindar la seguridad a los capitales colombianos.

La declaración del Estado colombiano es desafortunada porque no obedece al génesis del problema: solo trata de encontrar salida a un hueco fiscal creado en virtud de la búsqueda de la permanencia en el poder. No debemos olvidar que, así como los ciudadanos tenemos la obligación de declarar nuestros recursos al Estado colombiano, este sin duda también debe asumir la carga de generar la seguridad para los ciudadanos que puedan tener sus recursos bancarizados, sin el peligro de que sea penetrada por empresas criminales que hagan que producir capital en este país sea sinónimo de inseguridad y peligro para sus familiares.

El presidente Santos no ha tenido en cuenta este hecho y por ello es desfasada su calificación, más cuando decretar este tipo de medidas no hará cambiar el sistema financiero panameño. Es su esencia y no lo va dejar de ser por el hecho que Colombia haya tomado esta decisión, a no ser que sea parte de la estrategia que haya tomado este Gobierno para poder traer a algunos prófugos que habitaron este país. Amanecerá y veremos la intención del Gobierno Santos y si esta va en la misma vía de la realidad de la fuga de capitales.

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