De la confiabilidad a la demagogia

Air-e, para quienes no la conocen, es una empresa prestadora y comercializadora que opera en la zona caribe de Colombia ¿Por qué es importante Air-e? Bueno, porque desde septiembre de 2023 cuando la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Air-e por deterioro financiero y operativo, lo que se preveía como una solución, terminó por disparar los incumplimientos para que Air-e, acumulando una deuda que hoy supera los $1,5 billones. La misma Procuraduría ya lo advirtió: la Superintendencia dejó “más dudas que respuestas” tras la mesa de trabajo. Aún no hay plan, ni estrategia para sostener el servicio sin comprometer la cadena de pagos.

Según cifras de Fedesarrollo, el Gobierno Nacional debía, al cierre de 2024, $7,2 billones a empresas de energía. Hace apenas días, anunció el giro de $1,93 billones en subsidios, y Air-e comunicó que los usaría para pagar las obligaciones pendientes. Pero a la fecha, los generadores siguen sin ver un peso. Y para completar el sinsentido, una circular de diciembre de la Superintendencia -sí, la misma que intervino- exige que sigan suministrando energía a pesar de la mora. ¿Expropiación indirecta?

Es claro que hay desconocimiento técnico y falta de voluntad, eso quedó evidenciado en el debate de control político realizado a raíz de este caso. Incluso el ministro de minas, Edwin Palma, lo reconoció en carta del 5 de mayo: sin respaldo del Fondo Empresarial, la prestación del servicio por parte de Air-e se vuelve inviable. No estamos hablando solo de una empresa: son 1,2 millones de usuarios directos y más de 4 millones de personas en tres departamentos del Caribe colombiano.

La historia energética de este país ha sido resiliente. Hoy, la mezcla de dogma, desinformación y burocracia está armando un dominó que compromete no solo a la costa, sino al país entero ¿Dónde está la diligencia que antes mostraba la Superintendencia cuando usaba el Fondo Empresarial para evitar crisis? ¿Por qué ahora no se ejecuta, cuando el riesgo sistémico es real?

En los 90, un apagón significaba estudiar a la luz de las velas. Hoy, sin energía, se paraliza el transporte, los hospitales, las comunicaciones, la seguridad, el sistema financiero, etc. Un colapso eléctrico en 2025 no es incómodo: es trágico.

Sabemos que el Ministro ha mostrado disposición para buscar soluciones. Pero quien tiene la conducción del proceso, la Superintendencia, no puede seguir administrando esta intervención como si se tratara de un ensayo académico. Esto no es un laboratorio: es la columna vertebral energética del país.

En Colombia, la inestabilidad se ha vuelto política pública. Cada decisión, en vez de nacer de la planeación, parece una venganza institucional. La narrativa oficial, vestida de eufemismos, esconde un patrón evidente: desmantelar todo lo que huela a estabilidad. No se trata de política. Se trata de responsabilidad. La energía no puede ser rehén de la ideología. Lo que está en juego no es una empresa. Es el país entero.

Y estamos viviendo en tiempo real el colapso de un país con un Gobierno que lo que prometió atacar, terminó siendo más de lo mismo y se le suma el agravante de la inacción, de la compleja incompetencia que tiene tintes de corrupción, sí, porque no hacer también es una especie de corruptela.