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De espaldas a la realidad

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A pesar de los avances obtenidos por la organización “nomasasbesto” en Colombia al lograr que Medellín se declarara como ciudad libre de asbesto en sus construcciones, de las denuncias realizadas en medios de comunicación en el país y de la prohibición en 56 países industrializados del mundo de esta mortal fibra, lamentablemente y debido a la negligencia en nuestra Nación, seguimos oyendo de casos de masotelioma a causa de la exposición al asbesto en pastillas para frenos. Tristemente la historia que narraré a continuación no es tan solo un caso más: es una radiografía de cómo seguimos dándole la espalda a la realidad y del pésimo y amañado funcionamiento del sistema de salud.

Su nombre es Alcira Forero, quien trabajó como asistente en el área administrativa de Pablo Amaya y Cía, Ltda. del 5 de enero de 1989 al 1 de octubre de 1999, fecha en la que esta empresa cambia su razón social a Frenos y Muelles Amaya Hermanos, Ltda., desempeñando las mismas funciones hasta el 30 de junio de 2002. En testimonio recaudado por Andrés Hoyos, quien valientemente lidera la organización “nomasasbesto” en Colombia y se ha atrevido a denunciar públicamente los nefastos efectos de la denominada “fibra mortal”, Alcira describe su mortal carrera en dicha empresa: “estuve expuesta durante todo el tiempo a los diferentes materiales con los que trabajaba el taller de mecánica, principalmente el polvo de asbesto, dado que el principal servicio prestado de la empresa era el mantenimiento de frenos (cambio de pastillas, remachar y pulir bandas, cambio de hojas y rodamientos entre otros, etc.), y mi puesto de trabajo estaba ubicado en la misma zona donde manipulaban dichos materiales”.   

Desde luego, Alcira Forero, desconociendo el peligro que significaba su ambiente de trabajo -y pasados los años y luego de varias complicaciones de salud entre las que se encontraron dificultades para respirar, caminar y desempeñarse adecuadamente en su trabajo, su pronóstico era fatal-, fue diagnosticada el 25 de agosto de 2011 en el Hospital San José, luego de realizársele una biopsia, con mesotelioma pleural derecho, obtenido por la exposición directa con el asbesto años atrás. Pero el horizonte para Alcira logró ser aun más gris: a pesar de que la EPS Colmédica concluyó que el origen de su enfermedad se debe a la exposición de amianto o asbesto, tal como lo ratifican los resultados dados por el Departamento de Genética Humana del Hospital San Ignacio -dándole además la clasificación de enfermedad profesional-, para la ARL Colmena no son suficientes los 13 años y 5 meses de aportes y, al apelar el dictamen, extrañamente la junta nacional cataloga el padecimiento de Alcira como una enfermedad común, la cual ya padece hace dos años y a la que hasta hoy no se le ha prestado ninguna atención ni importancia, según lo afirma Alcira.

Esta penosa enfermedad, que según la Organización Mundial de la Salud mata a más de 110.000 personas en el planeta y, de acuerdo con Global Union (asociación sindical suiza que representa a más de 20 millones de trabajadores en el mundo), les quita la vida a más de 320 colombianos al año, es la que ahora Alcira padece, convirtiéndose en una nueva víctima que se suma al macabro conteo, la misma a la que el sistema de salud pone entre la espada y la pared sin cumplir con su función principal que es brindar la atención en salud y no esquivar su responsabilidad. ¿El negocio de la salud no les da suficiente como para atender a una víctima de la negligencia? Esto no es más que otra “carrera de la muerte” que tiene que vivir absurdamente un colombiano en un Estado Social de Derecho.   

¿Y que pasa con el Gobierno? No solo se hace el de la vista gorda sino que además -lo que es aún peor- decide abrir una mina en el departamento de Antioquia para la explotación de este material. Ya no solo se les da la espalda a las víctimas de esta mortal fibra, sino que se las apuñala con la absurda, terca y malintencionada decisión de otorgar los permisos para que nos sigan asesinando silenciosamente mientras otros se llenan los bolsillos, como siempre en estos casos a costa de los colombianos.

El caso de Alcira es, desde cualquier punto de vista, lamentable y debe venir acompañado de las investigaciones acerca de por qué no se le ha reconocido su derecho a la salud. Esperemos que no se convierta en otro colombiano que deba agonizar para que le presten atención o, en el peor de los casos, muera esperando un fallo judicial. No es coherente hablar de paz si seguimos en medio de la violencia de la indiferencia institucional, donde ni siquiera los ciudadanos pueden gozar a plenitud de derechos tan esenciales como el de la vida, a la salud y a un medio ambiente sano. 

Estos hechos muestran que es necesario reiterar el mensaje: no tendremos una paz con vocación de permanencia si no tenemos los cimientos adecuados. En este caso, la indiferencia nace del sistema de salud. Señor Presidente, hay que tomar las riendas del sistema, no se puede tener contento a todo el mundo; los paños de agua tibia de hoy serán los que en el futuro escenario electoral pasarán la cuenta de cobro.

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