A competir

Colombia es ese país cuyas áreas para mejorar en materia de competitividad están sobrediagnosticadas. Los informes año a año terminan por resaltar una y otra vez los mismos puntos que gobierno tras gobierno no se han atendido, pues (como he repetido a lo largo de los años que llevo escribiendo esta columna) seguimos respondiendo muy bien las preguntas equivocadas.

Recientemente, el Consejo Privado para la Competitividad (CPC) emitió su tradicional informe en el que se hace el balance del país en los 44 indicadores de competitividad, en los que Colombia ocupa no muy honrosos lugares en 25 de ellos, mientras que en los otros 19 el informe afirma que está mejor calificado.

A pesar de destacar algunos programas reactivos a la crisis generada por la pandemia, el país sigue en deuda por las grandes brechas que existen en los grandes puntos.

Uno de los temas que he abordado hasta el cansancio en este espacio es el efecto negativo que tienen los malos índices de resolución de conflictos en el país versus las decisiones de inversión. Se ha creído, o se nos ha vendido, que la Justicia no tiene mucha relación con la competitividad pero, por el contrario, es uno de los asuntos en que se nos pide conceptuar a aquellos abogados que tenemos la oportunidad de tener relacionamiento con fondos de inversión. Importante que ahora que estamos en campaña por fin metamos en la agenda de la política pública a la justicia, no solo por su importancia como catalizador social, sino por su indiscutible impacto en materia de competitividad e inversión.

Otro de los puntos en los que obviamente debemos mejorar es en cobertura y calidad de la educación. Es importante que en la próxima agenda de gobierno esté la de volcarse hacia las carreras STEM, que las universidades públicas generen alianzas con el sector real para resolver retos de mercado y que, de esa manera, el desarrollo académico y de investigación permita la generación de activos de propiedad industrial como patentes que impacten de forma positiva y a largo plazo la forma de vida de los colombianos.

Sin duda, uno de los puntos en los que todos podemos concordar es en materia regulatoria. Colombia no solo debe buscar la simplificación de trámites sino, como primera medida, mejorar la forma en la que generamos regulación: no podemos seguir con el viejo y obsoleto modelo de borrador de regulación y comentarios, pues ha demostrado su incompetencia frente a las nuevas tendencias regulatorias. Además de la forma, debemos pensar en sincronizar al Estado, porque no pueden pasar casos como el de Uber, en el que, por un lado, tenemos un gobierno que defiende la neutralidad de la red y, por el otro, entidades que generan restricciones a la operación de nuevos modelos de negocios. Por último, la necesaria eliminación de muchos obstáculos que no hacen más que perpetuar figuras que claramente deberían caer en desuso en la actualidad, como las notarías.

Y, por último, es importante un punto transversal a la modernización del Estado, a la transformación digital y al acceso a conocimiento, como lo es la calidad y la cobertura de internet en Colombia. Es necesario que se logren alinear los planes de ordenamiento territoriales para permitir la expansión de red y de infraestructura de telecomunicaciones, pues este servicio es transversal a todos los planes de mejoramiento del país en materia de competitividad.

Es momento que exijamos que la agenda de elecciones del 2022 apunte a equilibrar la balanza en nuestra competitividad.