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El auge de la economía digital y el desarrollo de nuevas tecnologías, enmarcadas en la ya conocida Cuarta Revolución Industrial, han propuesto nuevos retos para los gobiernos que, en su conjunto, invitan a reflexionar acerca de la relevancia de la relación de complementariedad entre economistas y juristas.
Aunque recientemente, la transferencia indebida de datos personales a través de las redes sociales ha sido el centro de álgidos debates, no resulta ajeno que el impacto económico de la Economía Digital en la sociedad es notable y positivo.
En efecto, la Economía Digital ha logrado: (i) reducir los costos de transacción; (ii) mitigar ciertas fallas de mercado como asimetrías de información, por tan sólo citar un ejemplo; y, (iii) ampliar la competitividad de los oferentes a través del uso más eficiente de las plataformas tecnológicas.
Así, ante estas nuevas lógicas propias de la era digital, conviene analizar la pertinencia e importancia de retomar una estrecha relación entre economistas y juristas si lo que se busca es fomentar un entorno normativo que abarque y respete tanto los derechos de los consumidores como los derechos de los oferentes.
En tal sentido, la llamada Escuela del Análisis Económico del Derecho ha implementado la incorporación de herramientas económicas, y en particular microeconómicas, dentro de la evaluación de reformas legislativas y judiciales.
Así, esta disciplina ha reconocido, desde la óptica del Derecho, la repercusión de la lógica económica dentro del análisis normativo.
Por su parte, Douglas North en 1993, dentro de una visión institucional, enfatizó en el impacto que tienen los ajustes institucionales en el funcionamiento de los mercados, reconociendo en tal sentido, desde la Economía, la pertinencia del Derecho y de las Instituciones dentro de los procesos económicos cotidianos.
Y es precisamente estas formas de pensar jurídicas y económicas, que nos llevan a repensar los roles, tal vez olvidados, de estas dos profesiones ante el gran desafío impuesto por la Economía Digital: el diseño de marcos jurídicos requiere que los juristas entiendan y consideren, dentro de sus decisiones, las implicaciones sobre eficiencia y costos de sus acciones, propendiendo de tal manera hacia la construcción de una visión ética e integral.
Simultáneo a ello, los economistas no pueden desconocer que los análisis a efectuar no pueden desvincularse de la dinámica inherente de la dimensión normativa e institucional, la cual no es ajena a la toma de decisiones de los agentes.
En la práctica, la promoción de mecanismos como la Abogacía de la Competencia se constituye como un punto de encuentro entre estas dos disciplinas. Lo anterior, mediante la elaboración de estudios de mercado que permitan identificar fallas en la competencia derivadas de la normatividad vigente y la promoción de la competencia a través de la socialización de normas.
