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Hay “policrisis”, pero no intervenciones sistémicas: sólo apego al contraproducente “downsizing”. Todo lo que sube -inflación, inequidad y descomposición social-, debería bajar para garantizar cierta cohesión.
Muchas lecciones de la Gran Recesión pasaron inadvertidas, y otras tantas fueron desaplicadas (2009 Pittsburgh G20 Summit Compliance Report). Las notables objetoras o saboteadoras de las reformas requeridas, por la dignidad humana y el bienestar social, son las empresas más admiradas (World’s Most Admired Companies 2023, Fortune - Korn Ferry), aunque sean fraudulentas -v.g. Enron o Citi-.
Apple modela esa moderna tiranía corporativa; también ostenta la mayor capitalización bursátil. Oportunistas, sus accionistas protestaron por la desmedida compensación del CEO, pues superó los US$100 millones (Notice of 2023 Annual Meeting of Shareholders and Proxy Statement, SEC.gov). En la votación Say on Pay, la censura hacia sus bonificaciones y beneficios se multiplico por siete.
Sin embargo, el mea culpa se limitó a convenir una “reducción” de 40% en la retribución total, conservando el pago con acciones como Pareto. Además de agravar el problema principal-agente, intensifican la escalada salarial manteniendo como objetivos de compensación “los percentiles 80 y 90”, ante sus principales competidores.
Aunque fingen integridad, protestando por su dependencia hacia el comunismo o consumismo chino, no democratizan la convocatoria de pactos contra cíclicos para eliminar el desempleo, prohibiendo las horas extras y comprimiendo la jornada a 20 horas semanales; tampoco contrayendo un máximo salarial, proporcional al mínimo, ni relajando los abusivos márgenes de “utilidad” exigidos (+40%).
Fracasaron las estrategias de rebaja de impuestos y “penas”, como incentivos para hacer lo correcto. Y, tercerizando el castigo, la erradicación forzada de empleos normalizó las crisis. Igual, ante eventuales reformas, nuestra Corte Constitucional defendería a esos hampones y privilegiados, y se escandalizaría por cualquier gravamen progresista y el establecimiento de techos, recortes o nivelaciones salariales.
La cuota inicial debe consignarla el Congreso, estableciendo un rango de renta “digna” universal. Claro, la oposición de los gremios oligopolistas, como Asofondos-Fiap, los centros de pensamiento anacrónicos, caso Fedesarrollo, y, paradójicamente, los pudientes sindicatos, v.g. Ecopetrol, preferirán mantener lo actual pese a las insostenibles crisis del subempleo, la pobreza, la desigualdad y la inseguridad social.
En el Global Pension Index (Mercer - CFA Institute, 2022), Colombia ocupa la posición 21 entre 44 países, y está a la par que EE.UU., Francia o España: pésimos referentes, auto denominados o falazmente reconocidos como socialdemócratas, pues no ofrecen redes de apoyo socioeconómico, defienden los salarios especulativos y las pensiones tampoco vinculan garantías.
Arrogante, la consultora de ese informe señaló que “no existe respuesta única o perfecta: el sistema más adecuado es aquel que contribuye a que las personas mantengan el nivel de vida que tenían antes de jubilarse”. Sin embargo, no propone alternativas; ignora que la mayoría está excluida, y pocos pueden “retirarse”; además, la capacidad adquisitiva promedio es miserable, y las pirámides pensionales colapsaron.
