El nuevo marco tarifario del reciclaje: modernización o exclusión

Vi una noticia que llamó mi atención: “Se moderniza el marco tarifario del reciclaje”. Como trabajo con temas de sostenibilidad, mi reacción fue automática: ¡Tengo que leer esto!

Debo admitir que tenía altas expectativas. Era una de esas veces en que uno piensa: por fin el discurso de la economía popular va a traducirse en una política justa. Pero bastó revisar los comentarios del gremio para que algo me hiciera ruido: ¿por qué tanta inconformidad?

Así que decidí leer. Primero, el proyecto de resolución; luego, las observaciones de las asociaciones de recicladores de oficio. Y lo que encontré fue una paradoja: una resolución que habla el lenguaje de la dignidad, pero escribe en clave de exclusión.

El proyecto de resolución del nuevo marco tarifario, promovida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, se presenta como un avance hacia la formalización. Pero detrás de su lenguaje técnico se esconde un modelo financieramente inviable para la mayoría de las organizaciones recicladoras. Obliga a las ORO -las pequeñas cooperativas que sostienen el reciclaje en el país- a destinar cerca de 65% de sus ingresos a provisiones y transferencias, mientras reconoce costos subestimados entre un 25% y un 40% frente a la realidad.

El resultado es un modelo que no da los números. Y lo peor: lo sabe.

Mientras el presidente Petro insiste en que hay que privilegiar a los recicladores sobre los carteles del aseo, el marco tarifario que propone su Gobierno les impone cargas que solo los grandes operadores pueden cumplir. Las ORO deberán implementar sistemas de pesaje en línea en menos de un año, garantizar conectividad para cada reciclador y modernizar su flota vehicular, sin mecanismos de financiación ni asistencia técnica. Quien no cumpla, pierde su ingreso por clasificación, Ceca.

El problema no es solo económico, también jurídico. La resolución obliga a reservar cerca de 22% de los ingresos para un fondo de protección social que aún no existe, pues no ha sido reglamentado por el Ministerio de Trabajo. En otras palabras, se crea una carga para un fin incierto. Un limbo financiero que inmoviliza recursos esenciales ¿Qué pasa con ese dinero si la reglamentación nunca llega? Nadie lo sabe.

Y si algo sorprende más, es que la norma rompe el vínculo entre trabajo y recompensa. El artículo 5.3.2.2.5.2.13 obliga a repartir la remuneración tarifaria en partes iguales entre todos los asociados, sin importar cuánto material recupere cada uno. En la práctica, quien recoge 200 kilos gana lo mismo que quien recoge 20. No es equidad, es desincentivo ¿Justicia tarifaria? Lo justo deja de ser justo cuando se castiga al que más trabaja.

La base técnica no es la mejor. La CRA calculó la rentabilidad del sector usando datos de corporaciones estadounidenses del sector Trucking y Environmental Services. Es decir, el riesgo del reciclador colombiano fue medido con parámetros de empresas que cotizan en bolsa en Nueva York.
Comparar a una asociación de recicladores con una multinacional es un error técnico y ético: no mide el riesgo real de la economía popular, lo borra.

La CRA aún está a tiempo de corregir el rumbo. Escuchar a los recicladores y ajustar el modelo a su realidad económica no es un gesto de buena voluntad: es un deber regulatorio. La justicia tarifaria no se logra desde un escritorio, se construye entendiendo a quienes cada día sostienen la economía popular, sí, esa de la que tanto hablan.

Porque cuando la dignidad se convierte en un discurso y el cambio se mide en hojas de Excel, lo que fracasa no es la técnica: es la justicia.