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Las telecomunicaciones, que hace dos décadas simbolizaban expansión y competencia, hoy enfrentan un agotamiento estructural. En América Latina, el margen promedio del negocio móvil cayó cerca de 10 puntos porcentuales en la última década y el Arpu (Ingresos totales del servicio / Número total de usuarios) sigue estancado pese al aumento del tráfico, que creció más del 30% anual. Un sector que antes escalaba con cada usuario nuevo ahora se sostiene con márgenes cada vez más delgados. Lo que ocurre con la integración entre Tigo y Movistar en Colombia no es una anomalía: es la consecuencia natural de un mercado que llegó a su límite operativo y financiero.
La comparación internacional es evidente. Estados Unidos y China funcionan con tres operadores fuertes y Europa -con más de 200 operadores móviles y políticas fragmentadas- lleva años debatiendo fusiones para reactivar la inversión. Por eso Bruselas, Italia y España están aprobando integraciones y volviéndose hacia la consolidación. América Latina, incluyendo Colombia, enfrenta la misma presión.
Los síntomas locales no son menores. Tigo, por ejemplo, requirió en 2023 una capitalización de emergencia cercana a US$150 millones para evitar la insolvencia. Movistar, por su parte, lleva más de una década consolidando pérdidas en varios mercados de la región y reduciendo presencia en aquellos donde el negocio dejó de ser rentable. La consolidación no es un capricho político ni una maniobra corporativa: es la única vía para sostener redes que requieren inversiones crecientes y que, en solitario, ninguno de los operadores frágiles puede asumir. La CRC entendió que sostener artificialmente tres competidores debilitados era más riesgoso que permitir que dos se fortalezcan.
Esto no significa que la reducción de actores esté libre de riesgos. Es necesario fijar condiciones de equilibrio para jugadores como WOM y ETB: tarifas mayoristas razonables, acceso competitivo al roaming y facilidades reales para el uso compartido de infraestructura. Son medidas para evitar que la consolidación derive en un mercado restrictivo. Sin embargo, el debate de fondo es otro: muchas empresas del sector ya no son viables bajo el modelo actual.
El caso de ETB ilustra un problema estructural, no un destino inevitable. Con ingresos presionados, menor participación en el mercado móvil y obligaciones que limitan su flexibilidad financiera, la compañía opera bajo una tensión que la obliga a replantear su rol en el ecosistema. Su situación es la señal más visible de un dilema que atraviesa toda la región: la escala dejó de ser deseable para convertirse en requisito mínimo.
Un elemento poco discutido es el poder negociador frente a proveedores globales. Redes 5G, fibra y sistemas de core dependen de gigantes como Huawei, Ericsson o Nokia, y en mercados altamente fragmentados los operadores pequeños pagan más, negocian peor y despliegan más lento. Una operación consolidada no solo aumenta capacidad de inversión, sino que mejora su posición para reducir costos de despliegue y acelerar la modernización tecnológica.
Para el usuario final, no es automático que los precios suban. En telecomunicaciones, la variación depende más de la regulación, de los costos del espectro y de la intensidad competitiva que de una fusión específica. Lo que sí es claro es que sin consolidación no habrá 5G plenamente funcional, ni fibra masiva, ni una expansión rural sostenible. Y sin esas condiciones, la transformación digital del país seguirá siendo una promesa postergada.
La integración Tigo-Movistar no cierra el mercado: lo reconfigura. Es el inicio de una estabilización necesaria en un sector que aplazó sus transformaciones durante demasiado tiempo. La discusión dejó de ser cuántos operadores hay y pasó a ser si el país tendrá redes capaces de sostener la demanda futura. Las cifras muestran que sin escala y sin inversión, ninguna empresa -grande o pequeña- puede sobrevivir al nuevo ciclo tecnológico.
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