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El 24 de abril se publicó el informe actualizado de Unrwa España respecto de Gaza, y aunque parece que somos ciegos y sordos, estamos frente a una crisis humanitaria de proporciones extremas. La respuesta de Israel al injustificable acto terrorista de Hamás en octubre de 2023, es una intensa e ininterrumpida estrategia de operaciones militares, órdenes de desplazamiento masivas, bloqueos parciales y totales a la entrada de suministros comerciales y ayuda humanitaria, y una drástica reducción del espacio humanitario accesible para operar. El asedio total que inició en marzo de este año y que duró más de siete semanas y que hoy es parcial, triplicó la duración del bloqueo observado al inicio, llevando a un agotamiento acelerado de los suministros esenciales.
La crisis impacta profundamente los derechos básicos y la salud. Más de la mitad de las instalaciones de agua y saneamiento son inaccesibles. Como consecuencia, el acceso a agua potable se redujo drásticamente, socavando la higiene básica y comprometiendo la salud pública (90% de las familias no accede a agua suficiente y segura). El consumo de alimentos y la diversidad dietética se han deteriorado en proporción similar, y la alimentación suplementaria para niños y niñas disminuyó en más de 70% en marzo, en comparación con el mes anterior, y en ese mes casi 3.700 niños ingresaron para recibir tratamiento por desnutrición aguda.
Las consecuencias del conflicto son devastadoras, a abril de este año se cuentan más de 51.000 personas asesinadas, 116.343 heridas, casi 2 millones de personas (90% de la población de Gaza), han sido desplazadas y muchos de forma repetida (420.000 personas desde que Israel rompió el alto el fuego). La escasez de medicamentos, analgésicos y demás suministros médicos esenciales representa una grave amenaza para la vida de los sobrevivientes.
En Cisjordania, incluida Jerusalén, las operaciones a gran escala de las fuerzas israelíes no paran desde el 21 de enero, incluyendo nuevas demoliciones y órdenes de desalojo que se han quintuplicado, y se ha anunciado la intención de asignar más de 3.900 acres de tierra para pastoreo de comunidades de colonos israelíes. La violencia de los colonos contra los palestinos no cesa de causar víctimas y daños, y las escuelas Unrwa en Jerusalén, pese a su inviolabilidad no escapan de los ataques. En Cisjordania, en el mismo período, al menos 915 personas han sido asesinadas y 8.000 han resultado heridas.
El artículo 6 del Estatuto de Roma establece que para que un acto sea calificado como genocidio se requiere que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y si los actos implican causar la muerte para destruirlo total o parcialmente, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional de privar al grupo de recursos indispensables para su supervivencia, entre otros, no quedarían dudas de que se trata de genocidio. Si en gracia de discusión, la motivación no está clara para algunos, serían crímenes contra la humanidad.
Si no fuera por Unrwa que con 12.000 trabajadores proporciona más de 8,1 millones de consultas médicas y distribuye kits de dignidad (alimentos y ayudas en efectivo), además de apoyo psicosocial y educación a 660.000 niños, el fracaso de la humanidad sería absoluto.
Con una reforma laboral cada vez más cercana, la innovación también debe estar en cómo se vincula el talento humano, en cómo se gestiona la eficiencia laboral, entre otras cosas
Para algunos juristas expertos en contratación pública estos comportamientos generan un manto de duda sobre posibles actuaciones de corrupción, e inclusive la firma de las prórrogas se podría configurar en delito grave