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El cambio climático genera día a día desastres meteorológicos que imposibilitan muchas de las cosechas, complicando la vida a los agricultores y contribuyendo a las oleadas migratorias. En una década el número de refugiados y desplazados se duplicó, llegando a 82,4 millones de personas, y en el mismo período, de 2010 a 2020, los conflictos armados entre estados completaron 56 casos. Por su parte, el covid-19 desafió y ralentizó las cadenas de suministro global y los que pagan las mayores consecuencias son, “a menudo, países que ya sufren de pobreza y mala gobernabilidad”.
Como si fuera poco, luego de años de reducción, desde 2020 aumentaron las ojivas nucleares y el gasto militar superó los dos billones de dólares. Estas son unas de las tantas cifras del nuevo análisis del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri). El informe titulado “Entorno para la paz: seguridad en una nueva era de riesgo” (Environment of Peace: Security in a New Era of Risk), no duda en evidenciar que nos encontramos en “una emergencia planetaria”.
De forma cada vez más peligrosa, las crisis medioambientales y de seguridad se retroalimentan y agudizan. El hambre, la deforestación de selvas y bosques, el deshielo de glaciares y la contaminación de los océanos, avanzan al mismo ritmo que aumenta el gasto militar y las muertes en guerras y conflictos armados. El ejemplo más representativo es Somalia, país que afronta una sequía constante, que combinada con pobreza y desgobierno, llevó a su gente a las organizaciones extremistas islámicas de Al Shabab.
En nuestras latitudes, el ejemplo es Centroamérica. Las malas cosechas, producto del cambio climático, vinculadas a la violencia y a la corrupción, generan constantemente movimientos migratorios hacia Estados Unidos. Como señala el informe, el mundo está “tropezando” con nuevos y más complejos peligros, y no cuenta con un plan más allá de las fronteras nacionales. Nos resistimos a entender que “la naturaleza y la paz están tan estrechamente unidas”, al punto que “el daño a una de ellas perjudica a la otra”. Contrariamente, y ahí está la clave, el fomento de una fortalece a la otra, tal como advierte el director del Sipri, Dan Smith.
Mientras los gobiernos no reconozcan la gravedad de la crisis, contribuirán con la incertidumbre reinante, y según el informe del Sipri, a los que les gustaría actuar tienen que atender otras prioridades que demandan tiempo y atención con urgencia. La pandemia y sus secuelas o la guerra en Ucrania son claros ejemplos en este sentido.
La paradoja es que la sociedad humana genera riqueza, pero no seguridad, por ello las conclusiones de las 93 páginas del informe del Sipri describen, con crudeza, las consecuencias globales que pueden tener los eventos regionales en el mundo interconectado de hoy. No obstante, plantean, a los decisores políticos, salidas a la crisis, que exigen una nueva forma de trabajar en conjunto, para enfrentar amenazas comunes. La degradación ambiental genera más inseguridad y por ello la necesidad de involucrar a las personas más afectadas en los procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito de las organizaciones internacionales, como a nivel nacional y en los proyectos comunitarios. Insiste Smith, si necesitan seguridad, tienen que luchar contra la degradación ambiental y solo pueden hacerlo juntos.
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En términos de urgencia, la prioridad debe ser la asignación de nueva capacidad que no tiene un límite intrínseco diferente al costo de expansión del sistema, perfectamente gestionable con planeación y señales económicas claras
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