Analistas

Creer en lo nuestro

El Banco Mundial viene apoyando la construcción de la paz y el desarrollo en el sur de Tailandia. Desde 2007, y mediante tres fases, ha analizado el conflicto, mejorado la comprensión de las problemáticas y ha expandido las capacidades locales consolidadas. Así, apoya y acompaña una misión del reino de Tailandia a Colombia con el fin de conocer nuestra experiencia.

Para los colombianos, que se resisten a entender la relevancia de un histórico pacto que pone fin a 53 años de conflicto, y que da un lugar central a las víctimas, de acuerdo con estándares internacionales, tiene que ser paradójico que un Estado gobernado por un grupo de autoridades militares, y que padece un conflicto armado bicentenario, quiera aprender de su experiencia de construcción e implementación de paz, reuniéndose con distintos sectores colombianos, entre ellos el académico, donde tuve el honor de participar.

Tailandia, en las antípodas de Colombia -como lo resume Javier Gil Pérez-, tiene un conflicto en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat que se remonta a 1786 cuando el rey Rama I anexó a Siam el Reino de Pattani. Unión formalizada -del hoy sur de Tailandia- con el reconocimiento de la Malasia británica (conjunto de colonias en la península de Malaca) en 1909, que implicó una integración geográfica y política, pero no cultural, lingüística y religiosa, de 4% de su población.

Desde Bangkok se quieren imponer patrones culturales y sociales a una minoría musulmana que generó levantamientos en el siglo 18, en el 19, tres en el 20 y el más reciente en los albores del presente siglo. Así, tiene hoy cinco grupos insurgentes, dos etno-nacionalistas y moderados: el Frente Revolucionario Nacional, que propende por el socialismo y el Islam, y la Organización para la Liberación de Pattani Unido, que se centra en la religión, la patria y la raza. Otros dos con componente islámico muy fuerte -la ideología yihadista tiene allí un terreno fértil-: el GMIP que lidera una guerra santa contra el Estado tailandés y Pusaka que es más una fundación religiosa educativa. Por último, Bersatu que promueve la unidad entre los diversos grupos.

La guerra contra el terror, derivada del 11-S, y la política de su primer ministro muy agresiva con el sur del país, recrudece la violencia entre 2002 y 2004. Disminuye la guerra irregular en medio de la jungla y da paso al terrorismo urbano. Los ataques se centran menos en los objetivos clásicos y se vuelven indiscriminados, afectando a la población civil.

Hoy -como lo hizo nuestro gobierno- entiende que debe afrontar las causas del conflicto, aceptando las diferencias étnicas y cooperando con el gobierno malayo para el control de la frontera sur, lo que generará un clima de confianza que propiciará el diálogo y, de paso, frenará el avance del separatismo y el radicalismo religioso. 

 Con el apoyo del Banco Mundial -como lo hizo Colombia por más de 20 años con los proyectos derivados de los programas Laboratorios de Paz y Nuevos Territorios de Paz de la Unión Europea (columna del 20.04.17)- propicia, en medio de la guerra, saberes y prácticas sociales que fundamentan la convivencia pacífica, la democracia y la construcción de ciudadanía. Entiende perfectamente que no puede dar por sentado que la paz es el fruto de un acuerdo que viene desde arriba y menos cuando aún no lo negocia.