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Los derechos humanos de la nación wayuu

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La República de Colombia es un Estado integrado no sólo por una nación de ‘blancos’ con idioma, religión, tradición común y un derecho universal. Esto es obvio, pero lo resalto porque no encaja con las políticas estatales implementadas desde el inicio de nuestra vida republicana. No encaja porque la idea que predomina es que somos una nación diversa, pero una nación al fin y al cabo. Este concepto esconde derechos colectivos diferentes y aspiraciones de autogobierno legítimo de muchas comunidades.

La comunidad wayuu, por ejemplo, es una nación porque lo es, ya que tiene lengua, cosmovisión religiosa, una larga tradición común y un derecho particular que rige su vida social desde la cuna hasta más allá de la sepultura. 

Esta realidad no debe ser soslayada por el Estado de la República de Colombia, en la medida en que ignorar que se está al frente de una nación aborigen, constituye un serio ataque a los derechos humanos de los wayuu, a sus históricos y sus acciones afirmativas. 

Son una nación con una característica: están integrados por una población que cubre parte del territorio de dos países y esto explica la particularidad de que sean históricamente pueblos aborígenes. Lo anterior, obliga a los dos Estados a tener políticas particulares que reconozcan que están frente a una verdadera nación. Sin embargo, se está en pañales para garantizar sus derechos.

En la obra “Mínima Moralia”, Theodor W. Adorno insiste en que la idea de igualdad puede ser una expresión que conlleve a totalitarismo, incluso, reflexiona sobre el hecho de que esa idea fuera utilizada por el nazismo, con Hitler a la cabeza, para justificar lo injustificable: el exterminio del pueblo judío por la sencilla razón de ser diverso. 

La idea de igualdad  -puede y en muchas ocasiones hace desaparecer lo diverso con la tragedia de que hay que ignorarlo-  no permite que lo diverso se realce y se viva en justicia.

Es hora que el Estado de la República de Colombia le reconozca a la población wayuu la realidad de que son una nación. No es suficiente que el Estado declare con la firma de la Resolución 169 de la OIT y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que tienen derechos ancestrales. Así mismo, no es suficiente que la Corte Constitucional en sus reiteradas sentencias le reconozca su diversidad, sus derechos ancestrales y sus derechos humanos. 

Hoy, lo más importante es que el Estado, reconociéndole como una población diversa, auspicie con políticas la inclusión de esta población a la vida política, social, económica y cultural del Estado colombiano. No es posible que un Estado, que se declara Social y Democrático de Derecho, mantenga en la miseria, el abandono y en la desprotección a esta población ancestral. La sociedad civil y los gobiernos tienen que revisar sus políticas a esta población, una política de rostro humano llama a la puerta.

El abandono y el desprecio a la condición humana de la población wayuu, en la que se muere su niñez de hambre, no puede ser lo que permanezca vigente por la política gubernamental centralista. 

La autonomía de la nación wayuu tiene que ser una realidad a concretar. La deuda histórica tiene que ser saldada. La vigencia y garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos de los wayuu, parte de reconocerle que no son menores de edad y esto requiere reconocer su autonomía política y fomentar alternativas políticas a corto plazo. La autonomía como libertad política de nuestros hermanos es una tarea inaplazable.

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