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No avalar las firmas por los vericuetos de la legislación y reglamentaciones injustas es un revés, pero nuestro propósito no cesa ni cesará. La defensa de la firmas y del derecho fundamental a elegir Presidente que represente a las regiones es una tarea determinante.
El debate presidencial corre el peligro de no tener una alternativa real de transformación del Estado. Esto empobrecerá la deliberación política y dejará las cosas como están. Pediré una revisión exhaustiva de las firmas.
El debido proceso y la defensa técnica no pueden ser desconocidos en este proceso de verificación de firmas. De hecho, las normas constitucionales lo garantizan en todos los procedimientos administrativos, sin excepción.
La inconformidad de las regiones necesita una vocería, una representación política. Lidero las apuesta contra la tradicional política de exclusión que élites sociales, económicas y políticas han promovido contra la libertad de la ciudadanía de las regiones.
Doy gracias infinitas a la ciudadanía que con 600.000 firmas respalda mi aspiración presidencial y es por ellos y los millones de colombianos que tienen el derecho a elegir un candidato de su preferencia que sigo mi camino, nuestro camino, con paso fuerte y decidido.
Elegir y ser elegido es un derecho fundamental, por lo tanto, las reglamentaciones legales tienen necesariamente que garantizar este derecho constitucional fundamental que es la base de la democracia política moderna.
Así mismo, la verificación de firmas no puede ir más allá de examinarlas y así evitar cualquier tipo de fraude. Una sana hermenéutica jurídica lo exige, no puede ser de otra forma.
En este caso particular no puede ignorarse la realidad: la aspiración de autonomía regional de la Región Caribe. Esta región como todos lo sabemos, mediante el masivo Voto Caribe, en 2010, expresó la decisión de ser autónoma.
Los 2.5 millones de votos de los ciudadanos que proclamaron la necesidad de elevar los niveles de autonomía en las regiones son la evidencia más palpable de ese descontento que no podrá ser escondido ‘bajo la alfombra’ con repartos burocráticos y políticas públicas paliativas.
La reforma radical del Estado no da espera. La real equidad en Colombia sólo será posible cuando todos los ciudadanos tengan el derecho efectivo de autogobernarse. Mayoría de edad exige la ciudadanía de las regiones. Sentirse administrado es lo peor que le puede suceder a un ser humano.
El discurso de la autonomía regional permitirá que la Reforma Agraria y urbana sea una realidad. La violencia en el campo desaparecerá con la Reforma Agraria democrática. El centralismo no la ha permitido. El pleno empleo, la buena remuneración y el Estatuto del Trabajo forman parte de este proyecto.
En consecuencia, la verificación de las firmas tiene que tomar en cuenta a la Región Caribe y las demás regiones que han dicho sí a una candidatura que brinda un tanque de oxigeno distinto a la realidad política del país.
La Registraduría Nacional está en el deber y la obligación constitucional de garantizar el derecho de la ciudadanía de las regiones tener un candidato que exprese su libertad política para autogobernarse.
El gobierno decidió acabar su financiación de Colfuturo, una entidad que por más de 30 años brindó a más de 25,000 colombianos la oportunidad de estudiar posgrados en el exterior. Decidieron hacerlo en el momento en que como país necesitamos mirar hacia afuera
El mundo necesita economías fuertes, sí; pero también necesita personas con esperanza, propósito y gratitud. Y eso, créalo, también mueve el PIB de la vida.
En términos de urgencia, la prioridad debe ser la asignación de nueva capacidad que no tiene un límite intrínseco diferente al costo de expansión del sistema, perfectamente gestionable con planeación y señales económicas claras
