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Se debe gravar a los que engordaron con la Ley 100

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El tema de la prestación del servicio de la salud seguirá presente en la agenda de los colombianos, pues para nadie es un secreto que la Ley 100 del 93 lo convirtió en un gran negocio. Todos los que están vinculados a él, se dedican a la muy noble labor de maximizar sus utilidades minimizando los costos. No de otra forma se explica que el jugoso negocio atraiga la atención del sector financiero, tan atento a buscar altos rendimientos en sus inversiones, de un sinnúmero de intermediarios y de nuestra clase política, que hace años entendió que el negocio ya no está en el control de las aduanas, de las licoreras, o de la contratación de obras.

Nuestro sistema de salud es un caos, pues el Estado se embarcó en la moda neoliberal de renunciar a sus obligaciones para entregarlas al salvaje mundo del mercado donde todo puede suceder. Y sucedió lo que tenia que suceder: los prestadores de servicio, las EPS, los intermediarios y los proveedores se dedicaron a producir utilidades a costa de los beneficiarios, que sufrieron, nada menos que en su salud, el impacto del modelo. 

Hoy, el caos es de tal magnitud que se habla de un faltante, tan grande y tan finamente elaborado, que nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende. El Gobierno habla de $2 billones aproximadamente. El Ministro de Salud, que es de los de mostrar en este Gobierno, trata afanosamente de aguzar la imaginación para encontrar esos recursos y propone una medida muy discutible y poco viable: gravar las gaseosas con el débil argumento de controlar la inflación abdominal que produce el exceso de consumo de azúcar. Francamente creo que el Ministro busca obesos río arriba, mientras los que se engordaron con los dineros del sistema, los del negocio del NO POS, los proveedores de medicamentos, los proveedores de dispositivos médicos, los dueños de laboratorios, etc., gozan de cabal salud.

Para la muestra un botón: un stent vale $1,5 millones. La IPS lo suministra por $3,2 millones y antes de la regulación lo hacía por ¡$5 o $6 millones!. Igual pasa con los proveedores de medicamentos que multiplicaron por cuatro o cinco su valor, hicieron el negocio del siglo, engordaron, y en estas elecciones son candidatos  o los patrocinan. 

En resumen, ¿no valdría la pena que para volver la salud a su cauce, todos los Entes de control, se dedicaran a investigar a quienes  se quedaron con los recursos de la salud para controlar su obesidad, adelgazando sus ganancias, moralmente discutibles? Es injusto que seamos los de siempre, los modestos consumidores de gaseosa, los que tengamos que pagar, otra vez, los platos rotos de la incapacidad del Estado para regular el servicio y controlar a los intermediarios, ávidos de mantener un pingüe negocio.

El beneficiario sigue siendo el eslabón roto de la cadena de la felicidad. La ineficiencia del sistema no solo obedece a los problemas financieros, sino a la falta de gestión de las EPS y de los prestadores del servicio que bajo el supuesto de mejorarlo, abrieron la tronera de la tercerización, razón de la  quiebra de algunas clínicas y hospitales que entregaron a particulares los negocios más rentables, como cuidados intensivos, cirugías, laboratorios, radiología, hemodinamia, etc., y se reservaron los menos lucrativos, como hospitalizaciones menores y urgencias, abriendo además las puertas al fantasma de la corrupción para descubrir que ser gerente de una IPS o de una ARS es tan jugoso como ser notario. Y de eso, ciertos políticos, tomaron atenta nota.

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