Petrovandalismo

El fracaso de la movilización ciudadana promovida por el Gobierno esta semana lo muestra sin capacidad de convocatoria, pero también un Gobierno que está dispuesto a hacer daño y que nos quiere llevar al terreno de la violencia y la confrontación. Debemos defender las instituciones y defendernos desde ellas.

El vandalismo en las calles afectó a los colombianos y esta reaccionó en muchos lugares del país, lo que anticipa una confrontación desde la ciudadanía con quienes se han tomado la protesta como una licencia para delinquir.

Pero ese no es el tipo de violencia que nos hará más daño. La realmente peligrosa es el vandalismo institucional que se viene desarrollando y que se agravará. Lo está haciendo el Gobierno con disposiciones arbitrarias tomadas desde los ministerios, la Dian, las superintendencias.

Varias medidas en curso son de extrema gravedad. Los Ministerios de Ambiente y Agricultura están interviniendo regiones del país, inhabilitando su desarrollo por medio de la declaración arbitraria e inconsulta de zonas de protección ambiental o reserva alimentaria. Sobre el decreto de retefuente nos referimos en un anterior artículo: Retefuente y Estado saqueador.

Las superintendencias están abusando de las atribuciones de intervención de empresas y entidades. Es el caso de la intervención de Comfenalco Antioquia por parte de un funcionario que luego fue retirado del cargo con denuncias de corrupción y abuso de poder y que permanece bajo la administración del Gobierno. Mostró el camino que luego se ha seguido en otras superintendencias.

El sector salud es uno de los que más está sufriendo este esquema de violencia institucional liderada desde el propio Ministerio y la Superintendencia. Están pretendiendo burlarse de las disposiciones de la Corte Constitucional, la Procuraduría y Contraloría. Intervinieron de manera cuestionable varias EPS y todas las intervenidas están en graves problemas de pérdidas operacionales y fallas en el servicio. Para mayor evidencia de las falsedades desde el ministerio, varias de las no intervenidas están dando resultados operacionales positivos. La quiebra provocada que ha promovido con orgullo el ministro está ocurriendo en las intervenidas.

El caos en el sector minero-energético es total y las compañías están enfrentadas a criminales y a supuestos ambientalistas que les impiden explorar o les invaden sus centros de operación. No tienen a quien acudir, pues se encuentran con un Gobierno cómplice que auspicia las acciones violentas.

El sector eléctrico padece una parálisis de inversión por la intervención arbitraria del gobierno y la incapacidad de establecer mecanismos que reactiven proyectos de transmisión y generación. La intervención de Air-e y las disposiciones obligando a venderle energía sin las garantías de pago y las amenazas de intervención a las generadoras han producido un marco de desinstitucionalización.

Este Gobierno se está desmoronando, pero en su degradación y derrumbe va a hacer mucho daño. Dependemos de la fortaleza de las instituciones. El Congreso debe mostrar jerarquía y compromiso con el país y no dejarse ni sobornar ni extorsionar. Pero sobre todo, dependemos de la respuesta oportuna de las Cortes y las instituciones de control para evitar el enorme daño que se puede hacer desde el ejecutivo.