Legalidad, reactivación y bienestar

Pese a las dificultades que ha traído consigo, la actual coyuntura abre una ventana histórica para dimensionar la gravedad del contrabando y valorar la importancia de combatirlo.

Desde la llegada de la pandemia covid-19 al país, varias han sido las perspectivas para analizar su desenlace: acceso a vacunas y capacidad de pruebas, esquemas de subsidios, desempleo, decisiones fiscales y digitalización de la economía, entre otros temas urgentes que se incorporan a la agenda de la llamada "nueva normalidad". En medio de esta pluralidad de visiones, un común denominador que ha tenido la conversación nacional ha sido el de la inevitable afectación al Producto Interno Bruto (PIB), que además de condicionar gran parte de las metas en política económica y social para los próximos años, supone grandes desafíos para el desarrollo y crecimiento regional de Colombia.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que el panorama de la recuperación aún sigue siendo adverso -recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó su proyección de crecimiento para el país en 2020, la cual pasó de -7,8% a -8,2%-, es fundamental que todas las iniciativas en pro de garantizar los recursos de los departamentos adquieran un mayor protagonismo, pues constituyen la principal vía para promover el bienestar de la población local y facilitar su adaptación a las dinámicas actuales.

En ese sentido, aspectos como la lucha contra el contrabando y la promoción de la legalidad se perfilan como ejes esenciales de la reactivación socioeconómica de cada uno de los territorios en el país. Cabe recordar, por ejemplo, que el recaudo vía Impuesto al Consumo en el comercio de licor y cigarrillos es una importante fuente de ingresos para las rentas departamentales, con las que cada gobernación puede invertir en programas públicos e instalaciones para las áreas de la salud, la educación y el deporte.

Y es que hablar del contrabando en Colombia no es un tema menor ni una tarea que de espera: es un auténtico flagelo. Tan solo en el 2019, dicha actividad, además de haberle evitado a la nación ingresos por US $4.899 millones, cerca del 2% de su PIB, representó la pérdida de alrededor de 200.000 puestos de trabajo formales, según datos de la DIAN y la ANDI.

A este panorama, para hacer más sensible su importancia, se suman las consecuencias que ha traído la evolución de la pandemia en las finanzas regionales. En lo corrido del año, de acuerdo con un reciente informe preparado por el equipo técnico de la Federación Nacional de Departamentos (FND), la media de ingresos departamentales ha sufrido una disminución del 52% con respecto a los valores del año pasado, lo que se traduce en $1,3 billones menos en recursos públicos.

Así las cosas, esfuerzos como los que adelanta el Programa Anticontrabando de la FND, en alianza con entidades estratégicas como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la DIAN, las diferentes gobernaciones y sus equipos operativos y la multinacional Philip Morris, entre otros varios actores, resultan vitales para el progreso territorial en el corto y mediano plazo.

En este punto es relevante mencionar que la legalidad no es solo un concepto de fuerza y autoridad, sino sobre todo, una tarea con rostro social que, en el caso del Programa Anticontrabando, comprende acciones de socialización hacia el consumidor final, labores de pedagogía hacia el colectivo de tenderos, jornadas de capacitación con la Fuerza Pública y estrategias para favorecer al diseño de políticas públicas.

Ante el reto de Colombia por retornar a su dinamismo productivo natural, sobreponer los profundos impactos que ha ocasionado el covid-19 y reactivar por completo su andamiaje laboral, la lucha contra el contrabando exige del apoyo solidario de toda la población. Esta lucha, por encima de los decomisos, las incautaciones y la desarticulación de bandas delincuenciales, empieza por reconocer el componente humano que está detrás del comercio legal.

El país está ante una oportunidad excepcional para asimilar la relevancia de su patrimonio departamental. En la medida en que consumidores, comerciantes y distribuidores al por mayor y detal y autoridades e instituciones afines logren sintonizarse hacia un mismo fin, la legalidad, la reactivación nacional no solo será un tema de números e indicadores, sino será un logro social en el que el principal indicador será el bienestar.