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Analistas 03/03/2021

Competitividad, compromiso apremiante

Didier Tavera Amado
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

El Consejo Privado de Competitividad, organización que representa un faro para para la adopción de políticas públicas sobre la materia, acaba de presentar sus índices departamentales correspondientes a 2020-2021, con una metodología renovada y puesta a tono con las circunstancias coyunturales que han vivido el país y su economía.

La lectura y análisis del informe, preparados en colaboración con la Universidad del Rosario, son especialmente valiosos porque trascienden el clásico ranking y exploran a fondo, con pilares e indicadores tangibles, las fortalezas, debilidades y oportunidades que las entidades territoriales tienen para fortalecer su ordenamiento institucional, potenciar sus capacidades productivas, mejorar su oferta exportadora y mejorar la calidad de su educación.

Si bien Bogotá -que para estos efectos es considerado un departamento, Antioquia, Valle y Santander conservan en general sus posiciones de liderazgo, otros departamentos han sabido encontrar nuevas oportunidades y tienen la posibilidad real de generar nuevos procesos para su crecimiento.

Por solo citar unos pocos casos, Boyacá lidera hoy el pilar de la educación básica y media, en la que la medición está orientada por los atributos de cobertura y calidad. Casanare y San Andrés demuestran renovadas fortalezas en el manejo del mercado laboral (son segundo y tercero, respectivamente), categoría en la cual uno de los indicadores básicos es la administración del talento humano. Caldas es hoy día el departamento que más se destaca por ofrecer las mayores garantías y facilidades al entorno de los negocios y la productividad empresarial.

Las nuevas potencialidades de departamentos que en el pasado estuvieron sometidos a largos marginamientos representan hoy día activos valiosos. Amazonas y Guaviare, que hoy trabajan en la constitución con sus vecinos de una Región Administrativa y de Planificación, lideran la sostenibilidad ambiental en términos de activos naturales, y gestión ambiental y de riesgo. En esta oportunidad fue incluido en la medición un indicador muy importante: las emisiones de CO2 de fuentes fijas.

Una recomendación fundamental contenida en el estudio se refiere a la necesidad de que los gobiernos en todos sus niveles, el sector productivo, la academia y otros actores fundamentales se unan en el propósito común de reducir las marcadas brechas entre regiones. La tarea, que no es un simple enunciado, resulta fundamental si tenemos, por ejemplo, que el 70% del PIB se concentra en los territorios.

Hay que pensar, por supuesto, en darle una nueva proyección a la ciencia y a la tecnología, pero tener en cuenta que la productividad y la competitividad tienen rostro social y exigen reducir los índices de informalidad laboral, ampliar el acceso a la seguridad social a miles de trabajadores del campo y a aquellos que viven de actividades pagadas por hora y a destajo.

Resulta destacable el esfuerzo hecho para que el PIB, que durante la pandemia cayó a un -6,8% llegue al finalizar el año al 4,5%. Es preciso tener muy en cuenta los resultados del índice de Competitividad Departamental -también sus recomendaciones- para que los territorios contribuyan a la reactivación segura y sostenible, proceso con el que se han comprometido todos los gobernadores del país, según se ha evidenciado en la cumbre nacionales de gobernadores del país.

La competitividad es un asunto integral que, más allá de conducir a una recuperación equitativa, sostenible y resiliente, permitirá que los departamentos estén mejor preparados ante la ocurrencia de nuevas crisis en el futuro.

Con el mayor espíritu colaborativo los departamentos están trabajando para hacer realidad el propósito anunciado por el Gobierno Nacional, por intermedio de la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, de trabajar a través de las Comisiones Regionales de Competitividad para potenciar el desarrollo productivo.

Hay una valiosa caja de herramientas: las nuevas inversiones que permitirá hacer el Sistema General de Regalías, la Ley de Regiones, matriz de los esquemas asociativos territoriales y los avances en la lucha contra el contrabando, entre un amplio abanico de posibilidades que debemos capitalizar.