UNE: Activen la cláusula y salven a Hidroituango

“Les ruego que no vendan UNE”, dijo el concejal de rodillas. Agotado ya en argumentos recurría como última opción al corazón de sus compañeros. Sus ojos se clavaban con tristeza y decepción sobre uno de sus compañeros que acababa de cambiar el voto minutos después de ir al baño. Ese 9 mayo de 2013 a las 3 de la mañana, se concretó la fusión entre Tigo y UNE por 11 votos contra 10 entregando el control de la empresa a Millicom. El concejal que cambió el voto fue Bernardo Alejandro Guerra, hoy líder de la revocatoria y quién posteriormente sería sancionado por la Procuraduría y despojado de su investidura por el Tribunal Administrativo de Antioquia por otros hechos. El concejal que se humilló para defender el patrimonio público era mi hermano Miguel Quintero.

Miguel junto a sindicatos, y líderes políticos como Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez hoy secretarios de Medellín, demostraron en los meses anteriores los riesgos que implicaba perder el control de UNE para los trabajadores, las utilidades y el futuro de Medellín como ciudad inteligente. Demostraron que la administración había alterado la contabilidad de UNE acelerando amortizaciones y depreciaciones para simular UNE como una empresa en crisis. Anticiparon además que Millicom no entregaría utilidades a EPM, política que implementaban en todos los países de África y Centro América donde también operaban.

Lamentablemente todo lo pronosticado ocurrió. Una vez se perdió el control de UNE, Millicom despidió empleados, vendió las torres, estableció una política de cero utilidades para EPM, y además, una cláusula que prohibió a EPM prestar servicios de telecomunicaciones. Pero quizás lo más grave es que Medellín perdió el poder para influir en decisiones de inversión de UNE en el territorio retrasando las posibilidades de Medellín para convertirse en una ciudad inteligente. En los ocho años siguientes Medellín pasó de ser un referente como ciudad inteligente gracias a UNE, a ocupar los últimos puestos en cobertura de fibra óptica entre ciudades principales.

Desde que era candidato prometí que de ser elegido alcalde no íbamos a seguir siendo los “socios bobos” de Millicom y que haría uso de la Cláusula de Protección del Patrimonio Público establecida gracias a la presión del Concejo. “Nos compran o los compramos”, dije en campaña.

La cláusula de Protección del Patrimonio Público dice que, si EPM lo decide y durante una ventana de tiempo que en términos prácticos vence en este mes de octubre, Millicom estaría obligada a comprar nuestras acciones al valor que EPM determine, o en caso contrario Millicom tendría que vender sus propias acciones en un proceso de subasta internacional. Para ser más preciso, en la primera ronda, tanto Millicom como EPM contratarían una banca de inversión que valore la empresa. Si no hay acuerdo, se contrataría una tercera banca de inversión buscando un acuerdo y si definitivamente no hay acuerdo, todas las acciones, tanto las de Millicom como las de UNE saldrían a la venta. En esta etapa, EPM tendría la opción de pujar por la propiedad de UNE o tomar el valor que corresponde a 50% de la empresa en caso de que sea una tercera la que gane la subasta.

A Millicom no le gusta esta cláusula. No le interesa pagar por lo que ya controla; y mucho menos vender la empresa que significa más de 50% de sus ingresos a nivel internacional. La cláusula en cambio favorece a EPM ya que le da un poder que le permite recuperar el patrimonio público de una empresa que no entrega dividendos e incluso abre una puerta para recuperar el control de la empresa. Si la cláusula se venciera Millicom ya no quedaría obligado a nada y si quisiéramos vender nuestras acciones, perderíamos al menos $2 billones dado que en el mercado hay poco interés de comprar acciones que no dan dividendos.

El contexto además hace más apremiante la decisión. Hidroituango, el proyecto energético más importante del país, suma ya más de $12 billones en daños por culpa de contratistas y políticos que bajaron la calidad a los materiales, cambiaron los diseños y tomaron decisiones irresponsables. EPM ha tenido que endeudarse a niveles históricos para financiar su terminación, sin embargo, la última actualización de costos sumó $2,1 billones más. El equipo directivo de la empresa, incluido su gerente, me han solicitado que presente al Concejo una solicitud para vender algún activo de EPM que le permita financiar la terminación de Hidroituango. El activo que han solicitado es el mismo: TIGO-UNE.

Hoy proteger el patrimonio público significa paradójicamente activar la cláusula de protección del patrimonio público que en el contexto actual puede terminar con la venta de las acciones que aún tenemos en UNE para salvar Hidroituango. Esto sin embargo no debería ser visto como una privatización dado que la empresa ya está privatizada, sino como la oportunidad de recuperar recursos públicos hoy administrados por una empresa privada. Si el Concejo que hoy tiene en sus manos la decisión decide votar por el No, tendríamos que salir a vender otro activo público, lo que sí podría significar una privatización.

Como defensor del patrimonio público he hecho lo correcto: presentar el proyecto para salvar $2 billones y financiar a Hidroituango. A diferencia del año 2013, esta vez no habrá secretarios llamando a concejales al baño para que cambien su voto en el último minuto, pero estoy seguro que tampoco será necesario que un concejal se arrodille para decir: “Señores concejales activen la cláusula y salven a Hidroituango”

PD: La oposición ha tratado de engañar a la ciudadanía diciéndole que la cláusula vence en agosto del 2024 y que por tanto se puede esperar. No es cierto, esa no es la fecha máxima de activación sino de cierre. Si el Concejo no aprueba ya, EPM no alcanzaría a cerrar la transacción en el periodo restante. Estamos contra el tiempo.