El último mensaje del soldado Bolaño

“Recen por mí, nos están atacando…” fue la llamada de angustia que envió Juan Carlos Bolaño, uno de los siete militares asesinados en Guaviare a su familia. Esta súplica refleja el sentir de los soldados y policías de Colombia. En las últimas dos semanas han asesinado más de 20 uniformados. Mientras tanto, la indolencia del Gobierno con ellos y sus familias es total. Les queda, como Bolaño, encomendarse a Dios … es evidente: están solos con sus comandantes y con los ciudadanos que reconocen su labor.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Silencios cómplices, lamentos tardíos, indolencia y una inaceptable parálisis. Mientras hablan con grandilocuencia de “potencia de la vida” y “paz total”, los verdugos de Colombia avanzan fortalecidos por la impunidad disfrazada de negociación. Es indignante que quienes empuñan las armas de la República para proteger a la población, reciban menos respaldo que quienes las han usado para sembrar terror.

La violencia que hoy enluta a Colombia no es casual ni espontánea. Es el resultado de una serie de acciones que en los últimos años buscó debilitar progresivamente la representación de autoridad y las instituciones, lo que ha permitido que estructuras criminales se reorganicen, se fortalezcan y actúen con arrogancia homicida. Cada carrobomba, cada masacre y homicidio, cada ataque a un soldado o policía de la Patria, es el mensaje de desprecio al que están acostumbrados contra los colombianos.

Recuerdo muy bien el episodio de la “silla vacía” en los también fallidos diálogos de paz del Caguán, el 7 de enero de 1999, cuando alias Tirofijo -fundador de las hoy disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y Calarcá-, se burló del país y dejó plantado al presidente Andrés Pastrana. El escenario de hoy es idéntico.

Un decreto que suspendió las operaciones militares contra estos grupos, mientras ellos acribillan a nuestros soldados y policías, es la réplica del Caguán: impide enfrentar estos delincuentes, les permite moverse tranquilamente por el territorio y les otorga ventajas ante una fuerza pública a la que tienen maniatada. Es impresentable que cuando se capturó a alias Calarcá en 2024, el Gobierno abogara por su liberación y ahora, con impunidad y un decreto que usó como salvoconducto para delinquir, impunemente asesinara nuestros militares, ¿eso era lo que buscaba?

La historia nos da la razón. En esa oportunidad las Farc convirtieron la zona de despeje en una guarida de traficantes, explosivos y de reclutamiento de menores. Luego, secuestraron un avión con 30 pasajeros para retener al senador Jorge Géchem. Ahí acabó la ilusión de paz. El presidente, en su momento y como corresponde, condenó con firmeza estos hechos y acabó de raíz las negociaciones. No había ninguna voluntad de paz, nunca la hubo.

Los hechos lo corroboran: nunca, nunca les ha interesado la paz, desde los acuerdos de La Uribe en 1984, pasando por los de Caracas, Tlaxcala, El Caguán y los más recientes en Cuba con el ELN, no ha existido voluntad de paz. El socialista odia el orden, la libertad, la seguridad, la empresa privada. Todo lo que defiende nuestra Constitución. Lo que procura lo contrario, promueve la violencia y el discurso de odio de clases, el atraso y la corrupción, el desorden e improvisación en la gestión pública, en la salud y la educación … todo lo que estamos viviendo. Son absolutamente incompatibles.

Esta semana la Corte Constitucional revisó la Sentencia SU-020 de 2022, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la violencia contra los firmantes de paz. Con un aumento de 67% de los homicidios, desapariciones y desplazamientos en esta población, se confirma que no hay paz, si primero no hay seguridad. Sería bueno que esta alta magistratura revisara el también estado de cosas inconstitucional en el que hoy está el orden público y especialmente, las decisiones políticas que en los últimos años, han buscado debilitar progresivamente la fuerza pública en su presupuesto, integrantes, sus capacidades operativas y de inteligencia.

Se viene el primero de mayo, una fecha que ha desdibujado el homenaje al trabajo digno y los derechos del trabajador, por una tribuna política para hacer campaña, alimentada por la protesta violenta. Veremos la infraestructura y el transporte destruido, las universidades públicas convertidas en trincheras para atacar nuestros policías y todo bajo el cálculo político que pone por encima estos intereses ideológicos antes que la vida y dignidad de los miembros de la fuerza pública.

El honor del país está sitiado. Defenderlo es una obligación moral inaplazable de la sociedad colombiana, de la academia, de los medios de comunicación, empresarios y la ciudadanía. Omitir esta responsabilidad ahora, nos podrá costar el futuro de Colombia en los siguientes meses. ¡Honor y gloria a nuestros héroes! Ningún olvido para sus asesinos, ni para los que por oportunismo político, han hecho del relativismo y la demagogia, una estrategia para perpetuarse en el poder.