El narcotráfico tiene una deuda histórica con Cali. Sin contar los miles de muertos, heridos y familias víctimas de este flagelo, la ciudad ha lidiado en particular con el mayor porcentaje de lavado de activos en toda Colombia.
De acuerdo con información suministrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Cali tiene 15,1% de bienes a los que se les extinguió el dominio y 17,9% de los que están en proceso de extinción. Esto lo pone por encima del resto de departamentos y municipios del país, superado únicamente por el Valle del Cauca.

Para 2019 en Colombia se extinguieron 2.866 bienes inmuebles, de los cuales 17,41% estaban en Cali. Porcentaje que es superior al de Bogotá (10,75%), Medellín (5,34%), Barranquilla (3,11%) y Pereira (2,76%). En Cali por cada 100.000 habitantes hay 27 bienes inmuebles extintos mientras que en Barranquilla hay ocho, en Medellín seis y en Bogotá cuatro. El promedio nacional es de seis por cada cien mil habitantes.

Esto se ve reflejado en el temor de comprar bienes en Cali por la amenaza de quedar inmerso en un proceso o en propiedades en la mitad de la ciudad que nadie se atreve a tocar, así afecten el desarrollo inmobiliario o urbano.
Y es que a pesar de que Cali ha sido de lejos el mayor afectado por el flagelo del narcotráfico y en particular por lo relacionado al lavado de activos y el testaferrato, la legislación vigente no ha definido una reparación diferenciada para los territorios más afectados.

Por eso, junto a mi colega Juan Fernando Reyes Kuri, presentamos un proyecto de ley que busca permitir que se transfieran al Distrito de Santiago de Cali, de forma gratuita, los bienes inmuebles, ubicados en su territorio, que han sido objeto de un proceso de extinción de dominio.

Este proyecto busca reparar el tejido social caleño a través de un trato diferencial a Cali. Los bienes transferidos gratuitamente se utilizarían para atender programas estratégicos de educación, cultura, turismo y deporte como medidas de compensación colectiva y deberán contar con un proyecto debidamente estructurado con su sostenibilidad garantizada.

El proyecto solo aplica para Cali, puesto que esta ciudad se diferencia en su calidad de Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios y es además el más afectado por el narcotráfico. Al respecto, la Corte Constitucional encontró que “es razonable un trato diferenciado de un territorio cuando tiene condiciones distintas de los demás”.

Hoy la ley establece que el valor recaudado por la venta de los bienes se destina a financiar infraestructura carcelaria (5%); la policía judicial de la Policía Nacional (10%); el cuidado, mantenimiento y administración de los bienes entregados por las Farc-EP en cumplimiento al Acuerdo Final de Paz (15%); libre destinación del Gobierno Nacional (20%); Fiscalía Nacional (25%) y Rama Judicial (25%).

Además del proyecto hay otras iniciativas que permiten hacer ventas masivas, pago con vigencias futuras y cruce de cuentas. Pero estas son generales, no aplican solo para Cali y no dan un trato diferenciado. Ante todo no permite un paso de bienes a título gratuito.

El país tiene una deuda histórica con Cali que es víctima del narcotráfico. Utilizar los bienes a los que se les extinguió el dominio para el beneficio de los ciudadanos es un paso en la dirección correcta.