Populismo energético

Ante la incapacidad del estado por regular de manera adecuada la actividad minera, por su incapacidad de poner un alto a la minería ilegal y por la corrupción rampante de los gamonales políticos en las regiones minero energéticas, el mismo Estado ineficiente ha optado por el populismo energético que se manifiesta en consultas populares en las que el “pueblo soberano” de un municipio decide el curso que deben tomar los recursos del subsuelo que nos pertenecen a todos los colombianos.
Una dolorosa verdad es que vivimos de los recursos naturales minero energéticos. Más de 70% de nuestras exportaciones provienen de la venta del petróleo, del carbón del ferroníquel y otros productos de la minería y más allá de las recurrentes crisis en los precios de estos productos, el país no ha sido incapaz de diversificar su portafolio exportador.
Otra dolorosa verdad es que paralelo a la explotación de los recursos minero energéticos concesionados por el estado coexiste una minería ilegal creciente en manos de las diversas mafias del país y que ha sido ruinosa para las comunidades que habitan zonas de explotación y para la conservación ambiental. La existencia de esa minería ilegal desde luego no esta supeditada a consultas populares. Es más si es cierto, como afirman algunos comentaristas, que una las fuentes fundamentales de financiación de la guerrilla era la minería ilegal (oro, coltran...) deberíamos conocer si existe algún compromiso de esta organización por desmantelar esta actividad.
Una tercera verdad dolorosa es que el boom de los recursos minero energéticos poco o nada le ha dejado a las regiones donde se encuentran y el “sistema general de regalías” ha sido un rotundo fracaso en lo que hace al desarrollo y bienestar de las regiones mineras. En efecto los Departamentos minero energéticos son Meta, Santander, Boyacá, Casanare, Cesar, La Guajira, Arauca, Chocó, Córdoba, Huila y Putumayo y excepción hecha de Santander que tiene una dinámica económica que no depende de la actividad minera, están dentro lo mas pobres y mas golpeados del país. En estos departamentos se encuentran las ciudades que según el Dane tiene los peores índices de distribución de la riqueza (Gini), pobreza y pobreza extrema. Según el trabajo del economista Luís Jorge Garay, la riqueza minera no se ha traducido en bienestar en los municipios minero y ha tenido un impacto ambiental que ha deteriorado la salud de los habitantes y el entorno de las zonas de explotación (Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos).
Ante este panorama existe dos posibilidades. De una parte se podría generar un marco jurídico e institucional que minimice el impacto ambiental generando riqueza en las regiones donde existen explotaciones como lo han logrado Australia y Canadá, dos países con una enorme actividad minera o de otra, podríamos simplemente “vender el sofá”; Esto es prohibir la minería. Este segundo parece ser el camino que esta tomando el país con la consultas y esto en momentos en que este es prácticamente el único recurso que el país tiene a la mano. Se nos están agotando las reserva petroleras y pronto tendremos que importar petróleo si no encontramos nuevas fuentes.

Tenemos una enorme riqueza que explotada en forma seria y responsable debe traer grandes beneficios al país. Pero NO; optamos por cerrar la puerta y esconder la ineficiencia y la corrupción del estado debajo del manto del populismo.