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En la década de los noventas y comienzos de 2000, Colombia -al igual que muchos países en la región- firmó un sinnúmero de tratados de libre comercio con el fin de atraer inversión extranjera, facilitar la manera de contratar con Estado y lograr el desarrollo económico del país.
Los inversionistas, aparte de buscar el mejor retorno sobre su dinero, generan empleo y traen prosperidad a las comunidades donde llegan. Muchos proyectos minero-energéticos, construcción, hotelería y turismo, manufactura, infraestructura y agroindustria por mencionar algunos, han traído inmensas ganancias para las regiones y transferencia de conocimiento para el país. Pero la falta de reglas claras, la corrupción y la inseguridad jurídica, están causando demandas millonarias contra el Estado y perdiendo el atractivo del país en los mercados internacionales.
Colombia representa grandes oportunidades de inversión, gracias a 50 años de atraso por cuenta del conflicto armado. Recursos minero-energéticos aun por descubrir, una variedad de industrias y sectores con potencial de crecimiento, y una población colombiana compuesta de gente amable y trabajadora.
Pero todo desaparece en el momento que el inversionista cae en el agujero negro de la burocracia colombiana. Entre tutelas y consultas previas; demandas de comunidades, ONG’s y ambientalistas; competidores resentidos y malos perdedores; abogados inescrupulosos y el populismo de izquierda que dice luchar por la justicia social cuando solo les interesa su bolsillo; el choque de trenes entre las altas cortes que no permite obtener sentencias de cierre; las ‘ías’ inmiscuyéndose en temas de derecho privado; jueces corruptos; empleados públicos temerosos; y la falta de una política de Estado en materia judicial; hace que cualquiera se espante.
El nivel de inseguridad jurídica es tan abismal, que los inversionistas extranjeros se ven obligados a acudir a las cláusulas de arbitraje internacional para resolver sus diferencias con el Estado. Hay quienes consideran que estas demandas son un mecanismo de extorsión. Resienten el uso de esta herramienta, pues consideran que los platos rotos los terminamos pagando todos los colombianos con nuestros impuestos. Y no están equivocados, pero la responsabilidad no debe recaer en los inversionistas que acuden a mecanismos jurídicos para resolver sus diferencias con el Estado, sino en nuestras instituciones que no logran brindar justicia y seguridad jurídica.
Del otrora país de leyes de Santander no nos queda sino el recuerdo.
La Constitución del 91 -seguramente bien intencionada- convirtió nuestro ordenamiento jurídico en un popurrí de principios, normas, instituciones y mecanismos de justicia alternativa que, en vez de combatir la corrupción, poco a poco fue minando la credibilidad en la justicia ordinaria y usurpando las funciones del juez natural. Un verdadero golpe de Estado sin que nadie se diera cuenta.
La justicia en Colombia no es más que un anhelo. Mientras nuestro ordenamiento jurídico no de garantías de seriedad, imparcialidad y punto final a cualquier disputa, el Estado colombiano seguirá enfrentado múltiples demandas millonarias que se van heredando de gobierno a gobierno, pero que tarde o temprano pagaremos todos los colombianos.
