Edificaciones: ¿más regulación?

Transcurridos dos años desde el desplome de la Torre 6 del Space en Medellín sigue vigente la pregunta de qué se debe hacer para que eventos de esta naturaleza no se vuelvan a presentar.  Este es un hecho catastrófico que se debe evitar a como dé lugar, pero los defectos que se presentan en las construcciones son un tema más común de lo que quisiéramos y que requiere de acciones que reduzcan su ocurrencia y mitiguen su impacto.

Hace más de 30 años Colombia comenzó a preocuparse por contar con una regulación  para construcciones sismo resistentes. Con la expedición del decreto 1400 del 7 de junio de 1984 nació el Código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes, el cual, hasta la fecha, ha contado con dos actualizaciones en 1998 y 2010, encontrándose vigente la norma NSR - 10.  Esta última  asegura que un evento de colapso no se presente e incluso protege de manera importante a los ocupantes de una estructura ante la ocurrencia de un sismo.

Si bien existen casos donde la mala fe o los errores son el fondo del problema, también se dan donde el exceso de confianza aporta un elemento importante a la ecuación, pues bajo la creencia de que “eso aguanta”, se dejan pasar aspectos en la construcción, se cortan esquinas en diseños y se escatima en materiales y estudios. Lo anterior es un ejemplo que, más que regulación, lo que se requiere es contar con empresas y profesionales idóneos, que además tengan la claridad que el producto de su trabajo puede tener un efecto profundo en las vidas de los ocupantes y el patrimonio de los propietarios.

Las edificaciones son proyectos complejos donde confluyen múltiples disciplinas que requieren soluciones integrales.  El mercado necesita más empresas que cuenten con experiencia, capacidad y rigurosidad técnica y que reúnan grupos idóneos de profesionales de ingeniería, arquitectura, ciencias ambientales y sociales requeridos por los proyectos de edificaciones y urbanismo. Un único consultor responsable con las características antes mencionadas constituye una garantía para el comprador y para el promotor;  y además, brinda una ventajas adicionales que redundan positivamente en los costos del proyecto y sus tiempos de entrega. Desafortunadamente, estamos en un país donde la autorregulación no funciona adecuadamente y ante la presión de la opinión pública para que el Gobierno expida alguna norma encaminada a que lo ocurrido en el Space no se vuelva a producir, nace lo que se ha llamado la “Ley de Viviendas Seguras”, en trámite en el Congreso de la República.

Esta normatividad, de manera acertada, busca proteger a quien adquiere una vivienda nueva exigiendo, entre otros aspectos, la vinculación en los proyectos de una supervisión técnica independiente cuyo reporte será directamente con la compañía aseguradora del proyecto.  Con este concepto, será preponderante el papel que jueguen las compañías aseguradoras exigiendo que quienes ejerzan la supervisión, además de ser independientes, cuenten con la idoneidad necesaria según la magnitud y complejidad del proyecto que se está acometiendo.

Buena parte del patrimonio de los colombianos está depositado en una vivienda propia, lo cual, requiere del esfuerzo de más de una década.  Dentro de los criterios que se utilizan para escoger vivienda cada vez pesará más quién está detrás de su diseño y de su supervisión, además de quien es su promotor.  Este “sello” debe convertirse en un factor que valorice el producto a futuro.