El Túnel de la Línea

La falta de continuidad entre una administración y otra, tanto en el orden nacional como departamental y municipal, han convertido a Colombia en escenario para interpretar la sinfonía de obras inconclusas, al punto que acaba de aprobar el Congreso de la República una Ley que obliga al Gobierno a establecer un registro de los que se han dado en llamar “elefantes blancos”.

Durante más de 50 años la construcción del Túnel de la Línea se había convertido en una verdadera obsesión y en un proyecto estratégico para el país largamente aplazado. Se trata nada menos de cruzar la cordillera central de los Andes colombianos, por debajo del conocido Alto de la Línea, conectando los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), mediante una infraestructura que contempla un túnel principal de 8,65 kilómetros, aproximadamente, distante 16 y 11 kilómetros de uno y otro portal, respectivamente.

Este sería el túnel más largo en Latinoamérica. Se trata de reducir el trayecto y mejorar la movilidad desde el centro del país con el Eje Cafetero, Cali, a través de la Ruta nacional 40 y el puerto de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Una vez que esta imponente obra entre en operación se podrá reducir hasta en 80 minutos el tiempo del recorrido de los vehículos de carga y en 40 minutos el de los vehículos livianos.

En 2008 se le adjudicó la ejecución del proyecto, con un costo de $629.000 millones, bajo la modalidad llave en mano, al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario teniendo como fecha de entrega del Túnel en julio de 2013. Sin embargo, la Unión temporal, alegando mayores fallas geológicas e imprevistos no cumplió con el plazo de entrega de la obra y demandaba del Estado reajustes para cubrir sus mayores costos. El entonces vicepresidente de la República Germán Vargas y responsable de los proyectos de infraestructura montó en cólera ante el incumplimiento y dejó en claro que al Túnel “le restaría un año y seis meses y necesitaría una inversión cercana a los $160.000 millones” adicionales al monto originalmente presupuestado y eso siempre y cuando la “obra anduviera a todo vapor”. Amenazó a la Unión Temporal con declarar la caducidad del contrato, al “constatar…que hay muy poco frente de obra trabajando”.

Dicho y hecho, aunque la Unión Temporal prometía que la obra se concluiría en noviembre de 2016, se veía cada vez más lejos la luz al final del Túnel. Por ello, no obstante que la constructora insistió en sentarse a negociar con el Invías para negociar los términos de lo que sería un nuevo acuerdo para concluirla, se procedió a la declaratoria de la caducidad del contrato el 26 de enero de 2015 y se le impuso además al Consorcio una multa por valor de $60.300 millones, correspondiente a la cláusula penal del contrato.

La decisión del Invías fue recurrida y al final no se hizo efectiva, a cambio se amplió, una vez más, el plazo de entrega y se reprogramaron las obras, con tal fin, según el vicepresidente Germán Vargas, se establecieron “20 metas volantes y el no cumplimiento de dos de esas metas, dará lugar a la terminación anticipada del contrato sin perjuicio de las acciones legales”. Para completar lo que resta del Túnel de la Línea, el Gobierno junto al consorcio acordaron usar $327.000 millones, los cuales provendrían de la aseguradora del contrato, recursos propios del contratista y aportes del Gobierno.

Definitivamente este último plazo tampoco se cumplió, el Gobierno decidió no prorrogar más el contrato con la Unión temporal Segundo Centenario, este se dio por terminado y se procedió a su liquidación. Se dispuso, entonces, iniciar un nuevo proceso express de licitación para contratar la conclusión de la obra, la cual le fue adjudicado a un nuevo contratista integrado por Conconcreto y CSS. Este proyecto que lo contrató e inició su ejecución el ex presidente Álvaro Uribe, que lo continuó el expresidente Juan Manuel Santos, ahora lo asumió el presidente Iván Duque, quien en las primeras de cambio en enero de 2019 y tras inspeccionar el avance de las obras anunció que la puesta en funcionamiento del Túnel de la Línea será en diciembre de este año.

El hecho cierto e incontrovertible es que después de 10 años de iniciado el Túnel de la Línea y 7 años de atraso, según la ministra de Transporte Angela María Orozco, se requieren $600.000 millones más para terminarlo. Y, en concepto del contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, “el costo del Túnel de la Línea creció 546%, al pasar de $464.000 millones a $3 billones, sin que aún esté concluido”.

Llama poderosamente la atención que no obstante que se esperaba que la entrega del Túnel se hiciera efectiva en el 2016, sólo un año después se percataron que no se había previsto la construcción de la doble calzada desde la boca del túnel hasta Calarcá y tuvieron que salir en volandas a estructurar y diseñar dicho proyecto. De modo que de haberse cumplido con la entrega del Túnel este no habría conducido a ninguna parte, hubiera sido un túnel ciego. Craso error. Este hecho puso de manifiesto, una vez más, la imprevisión y la improvisación con que se toman decisiones por parte del Gobierno, sobre todo en un asunto tan sensible como este.

Pero, definitivamente, la tapa de esta triste y descorazonadora historia es como para no creer: como ya dijimos, nos demoramos más de 50 años en tomar la decisión de adelantar este proyecto, para poder así ganar en competitividad, aproximando el centro industrial del país con el puerto de Buenaventura, reduciendo los costos del transporte y el flete, resulta que se contrata la ejecución del Túnel de la Línea en una sola dirección. Tendremos que esperar otros 50 años para acometer la construcción del túnel de retorno. Increíble, pero cierto, cuando se vea la luz al final del Túnel en diciembre, Dios mediante, tendremos un Túnel unidireccional (¡!).