Los beneficios económicos no remplazan el liderazgo

Hay una historia real que no por conocida es menos valiosa y aplica muy bien para analizar los esfuerzos del gobierno por lograr ahorros de energía basándose en incentivos económicos. Se trata de una guardería a la que los padres no acudían a tiempo a recoger a sus niños; la situación se tuvo que volver insoportable porque las directivas del jardín decidieron que había que multar a los padres que no cumplieran con su obligación de llegar a tiempo a recoger a sus hijos (Gneezy, Uri y Aldo Rustichini. “A fine is a price”. The Journal of Legal Studies 29.1 (2000): 1-17). ¿Se imaginan ustedes cómo se habrá comunicado esta decisión? No debió ser fácil, pero de alguna forma había que parar esto.

Lo interesante es que, contrario a lo que esperaban las directivas de la guardería, los padres no solo no comenzaron a llegar a tiempo a recoger a sus hijos, sino que ahora las demoras se hicieron mayores. Eso sí, las multas se pagaban cumplidamente.

No se trataba de que los padres hubieran decidido dar un “golpe de estado”, sino que las razones que los llevaban a intentar llegar a tiempo a recoger a sus hijos habían cambiado con la decisión del jardín. Antes de la multa, era la preocupación por el tiempo de la profesora que los esperaba pacientemente, la vergüenza de mirarla a los ojos o la presión de grupo de los otros padres que sí llegaban a tiempo. Después de la multa, las razones se volvieron económicas: ya se podía mirar a los ojos con toda tranquilidad a la profesora apurada, porque finalmente se le estaba pagando.

Los incentivos económicos son una herramienta muy fuerte y, bien utilizada, muy útil. Pero es también muy difícil de manejar y susceptible de reacciones paradójicas y grandes errores.

Es posible que la decisión del gobierno lo haya enfrentado a uno de ellos. Es verdad que la curva de oferta y demanda funciona, y muy bien. Si el precio de la energía sube, se usará menos y si baja, se usará más. Pero eso no quiere decir que haberla subido, haya llevado a generar el ahorro.

Las medidas anunciadas (premio al ahorro y castigo al desperdicio) significan un alza al precio de la energía para el consumidor (así termine pagando menos). Supongamos,  que no hay costo fijo y que cada kilovatio vale un peso, y que una familia consume 10 kilovatios y paga $10. Ahora, con las nuevas medidas, si ahorra un kilovatio ya no pagará, como antes, $9 sino $8 ($1 menos por el premio), y si consume 11 kilovatios, pagará no $11 como antes, sino $12 ($1 más por el castigo). Pues bien, para esa familia ya el kilovatio no vale $1 sino $2. 

Ahora bien, si nuestra familia hipotética consume 10 kilovatios, con seguridad los necesita. Quizá la promesa de un ahorro  no sea suficiente para sufrir la incomodidad que se produce. Primero, porque la medición es compleja y la credibilidad en el sistema es baja. Segundo, porque los ahorros prometidos se verán en la cuenta meses después.

Pero la principal razón es que la decisión ya es económica y estas decisiones solo se hacen por razones distintas a las económicas. En muchos casos, las razones económicas entorpecen o anulan las razones altruistas.

Los ahorros logrados no han sido la reacción a los incentivos, sino el reconocimiento como sociedad de que la situación era de verdad delicada y que era (es) nuestro deber actuar con responsabilidad. Es nuestro sentido de deber ciudadano el que se ha impuesto a los efectos perversos (en este caso) de los incentivos económicos. ¿Hubiera podido ser mayor el ahorro si el gobierno hubiera apoyado solo en su papel de liderazgo y hubiera apelado más a nuestras virtudes que a nuestra ambición? Pienso que sí.

Se comete un error cuando se cree que con incentivos económicos se puede reemplazar el liderazgo.