Esto, más allá de las complejas situaciones sociales que se derivaron del conflicto interno armado que han vivido los colombianos por más de 60 años y que pareciera que se ha arraigado a la cultura de cotidianización de la violencia. La cual se refleja en las estadísticas diarias de muertes violentas por fuera del conflicto armado, situaciones que han sido atendidas por las políticas sociales emanadas por el Gobierno Colombiano en aras de atender las necesidades humanas y del desarrollo del territorio.
En el escenario mundial, las naciones deben manejar una agenda post 2015 no solo orientada hacia la atención de los rezagos de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que busque atender las nuevas metas mundiales, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En este nuevo escenario, el cual no es ajeno a Colombia, el reto para nuestro país se complejiza sobre el tema de la construcción de paz para el posconflicto.
En materia jurídica hoy día Colombia cuenta con herramientas para la atención de las necesidades de la población, como la Ley de Víctimas, el Programa de Restitución de Tierras y el Programa de Reintegración para personas desmovilizadas, pero aún falta sumar mayores esfuerzos que permitan generar las condiciones propicias para el desarrollo económico, político y social.
El verdadero desafío está en la construcción de una agenda posconflicto, en la que se incluya no solo las posiciones de los actores institucionales, sino también la incidencia en la agenda de actores nacionales e internacionales interesados en aportar a la construcción de la paz, para la implementación y cooperación en la restauración estatal y los procesos pos-acuerdos que den cuenta en forma objetiva del cumplimiento de compromisos de ambas partes.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la construcción de la agenda debe ser el fortalecimiento institucional del Gobierno Estado y la participación de la sociedad colombiana respecto a las posibilidades que se pueden generar frente a la superación del conflicto político y social que ha vivido el país a lo largo de su historia. A través de un esfuerzo mancomunado, se deben cimentar procesos anticorrupción basados en la educación de una nueva generación ética, racional al servicio la democracia, la libertad, la equidad y el equilibrio de poderes, que dé autonomía hacia la aplicación de justicia y aplicación de penas a los delitos, verdugos y victimarios del conflicto, solo así podemos generar bases sólida para una paz sostenible.
La desmovilización de los actores armados también representa un reto desde lo económico; este escenario posconflicto debe incluir la atención de problemas como la generación de oportunidades laborales y productivas de la población excombatiente y de las personas civiles de las poblaciones ocupadas por el grupo guerrillero de las Farc.
La paz verdadera debe romper con el círculo de la incidencia de los problemas sociales a través de una intervención social a largo plazo que genere cambios desde espacios como la educación, la cultura y la inversión social.
