Para muchas compañías en Colombia, las actividades de responsabilidad social empresarial tienen que ver con actividades que entreguen un beneficio a unas determinadas comunidades.
Sin embargo, en el relacionamiento con “stakeholders”, o públicos de interés, hemos encontrado que cada uno tiene sus propios objetivos y a veces no se preocupan por hablar el uno con el otro para concertar y priorizar la opciones que se tienen.
Existen iniciativas que podrían encontrar sinergias, generando un mayor impacto en la población, aumentando la eficacia de la inversión y disminuyendo las posibilidades de fracaso. La Responsabilidad Social de una compañía no es exclusiva de las grandes empresas, es necesario crear conciencia que todos generamos algún tipo de impacto, social o ambiental, y que debemos ser responsables con esto, concientizarnos que debemos devolver al entorno lo que nos ofrece y debemos hacerlo como personas, Pyme o grandes empresas.
En muchas zonas del país las comunidades confunden las responsabilidades del Estado con los proyectos de responsabilidad social de las empresas, y la línea entre las necesidades que debe cubrir el Estado y las políticas de sustentabilidad de la compañía se traslapan, lo que genera para las empresas un esfuerzo importante que muchas veces no está en línea con las prioridades del gobierno o, que por el contrario, termina duplicando el esfuerzo y la inversión.
En principio las empresas no deben suplir al Estado; sin embargo, una concertación entre las partes puede ayudar a que todas las iniciativas se complementen, lo que generaría una reducción en los conflictos sociales y cerrar focos de corrupción en inversiones innecesarias. Una iniciativa que podría liderar el Departamento Nacional para la Prosperidad Social bajo los lineamientos, objetivos y prioridades del Gobierno Nacional.
Así mismo, es necesario que quienes tenemos una responsabilidad con el país y su desarrollo, por las actividades que realizamos y el impacto de nuestras decisiones, podamos desarrollar espacios estratégicos de comunicación, donde prime el bien común teniendo en cuenta siempre las necesidades identificadas en las zonas de influencia.
La concertación con los stakeholders debe considerarse como una prioridad desde el inicio de cualquier proyecto, pues de esto depende en muchos casos un feliz término. Para lograr lo que comúnmente se ha dominado como “licencia social” es importante entender que no existe el “bajo perfil”, pues cualquier proyecto que se desarrolla en este país es considerado como una oportunidad para muchas personas de salir adelante, generando altas expectativas y especulaciones. Por lo cual es indispensable identificar el entorno y entender, para poder comunicar, cuales son los beneficios que determinado proyecto traerá al área de influencia, definir los tiempos y los canales de comunicación que debemos utilizar para llevar adecuadamente el mensaje.
Los profesionales que de alguna forma toman decisiones que inciden en tanto en políticas públicas, como en proyectos de responsabilidad social, deben entender y ser consientes del compromiso que tienen con el país y que cualquier decisión que tomen o sugerencia que hagan, impactara positiva o negativamente en una población, impulsando su desarrollo o estancándolo por muchos años más.
Esta iniciativa la pongo a consideración del Gobierno Nacional y de las empresas privadas, porque más allá de encontrar sinergias en la inversión social entre el sector público y privado a través de la responsabilidad social empresarial, es importante entender que es una alternativa que impactaría inmediatamente poblaciones vulnerables que, en algunos casos, son foco de violencia y cuna del conflicto armado, lo cual sería un paso importante en la construcción de una paz sostenible.
