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Está claro que las CAR deben someterse a una reinvención, pero los congresistas interesados no dejarán que eso pase.
El Gobierno del presidente Santos tiene dos asignaturas pendientes que le van a pesar mucho en el balance de su gestión si de verdad quiere optar por un segundo mandato. La primera es claramente el sobrediagnosticado deterioro del orden público en varios departamentos que amenaza con aguar la fiesta de las buenas cifras macroeconómicas, y la segunda, es el mal manejo que le ha dado a la crisis invernal que destruyó una buena parte de la deficiente infraestructura nacional, desnudó la falta de prevención y redujo a la miseria a miles de damnificados a lo largo y ancho del mapa, quienes aún no reciben las ayudas prometidas en las épocas de lluvias.
Mientras el país político es muy sensible al tema del orden público, el país económico -que también lo es- está más expuesto a las incontigencias generadas por el invierno, por el simple hecho de que la cuenta de cobro en materia de negocios es directa. Según los pronósticos climáticos del Ideam, al entrar el segundo trimestre del año, regresarán las lluvias y nuevamente en la agenda de temas urgentes estarán las inundaciones, los derrumbes, las vías tapadas y los damnificados. Hace casi año y medio, cuando el país tuvo que soportar uno de los inviernos más duros de la historia reciente, se elaboró un gran diagnóstico en el que se hacía responsable por el mal manejo de los ríos a las corporaciones autónomas regionales, entidades que silenciosamente no estaban haciendo su trabajo.
Rápidamente, el Gobierno Nacional hizo uno de sus acostumbrados anuncios de que iba a reformar a las llamadas CAR, de manera tal que cumplieran con eficiencia su papel constitucional. Y pasados los meses eso no sucedió, al tiempo que el desbordamiento de ríos y cañadas fue una constante hasta hace solo unas ocho semanas. Ahora que se conoce el borrador del proyecto de ley que será radicado por el Ejecutivo en la primera semana de marzo vemos que no hay nada de fondo en dicha iniciativa. El mapa colombiano sigue pintado con una abundante cantidad de corporaciones en las que es tradicional su politización. El proyecto de reforma de las CAR no está a la altura de las necesidades del país y el anunciado carácter técnico de esas oficinas no hay forma de evidenciarlo.
La discusión sobre el futuro de las polémicas corporaciones autónomas regionales irá al Congreso de la República sin la fuerza que el país económico necesita; no es una reforma estructural ni su confección tiene la fuerza que le impida convertirse en un maquillaje político cuando los congresistas empiecen a discutirlo. El Gobierno Nacional está aun a tiempo de elaborar un verdadero proyecto que esté a la altura de las necesidades del país en materia de conservación de cuencas hidrográficas.
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