Una verdadera meta para el Plan de Desarrollo

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo, rotulado como ‘Colombia potencia mundial de la vida’, ha comenzado en la Cámara de Representantes e irá hasta bien entrado mayo próximo para su debate, que más allá de ser la esencia de las políticas públicas, es todo un manual de inversiones y de apuestas del actual Gobierno Nacional. Es un gran problema a corregir que tanto el plan como su autor, el Departamento Nacional de Planeación, solo aparecen por estos días y el resto del mandato brillan por su ausencia, sin que haya una suerte de seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se diseñan. La raíz de esta problemática situación tiene que ver con el gran poder en la ejecución concentrado en los ministerios y el intrincado mundo de la burocracia y tecnocracia tejida desde el Congreso y el Gobierno para que nada avance, se centralice y se pierda el bien más preciado que es la ejecución, pues recursos públicos hay y bastantes. Y la columna vertebral del Plan son las regalías, unos cuantiosos impuestos a las actividades extractivas que son de carácter regional y no deberían estar centralizados, pero sí, dependen del DNP y del Ministerio de Hacienda, que abren y cierran el grifo del denominado Sistema General de Regalías que derrama recursos con base en proyectos productivos y algunos de alto impacto. La gran noticia es que esas cuantiosas rentas recibidas por la Nación de las explotaciones mineras, son distribuidas en municipios y departamentos con bajas capacidades institucionales que no logran disminuir las precariedades de sus poblaciones ni mucho menos mostrar obras reales financiadas por los recursos de las regalías. El DNP opera el Sistema General de Regalías que se ha ido ajustando con el paso del tiempo, pero que no ha logrado avanzar en ejecución ni mucho menos en obras de alto impacto que beneficien regiones completas. Sí se han generado ahorros y se ha mantenido estable el gasto público a través del tiempo, pero los pueblos y ciudades no disfrutan de mayor bienestar, por el simple hecho de que los gobiernos se concentran en mecanismos de inversión que contribuyan a la equidad social, lo que se queda en el papel sin lograr promover la competitividad y el desarrollo regional. Ni qué decir del objetivo de fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, una buena intención que aún está por medirse. Es un intrincado mundo de funcionarios lleno de vectores, trazabilidades, filtros y más filtros, elaborados por mentes tecnocráticas que le impiden al país ejecutar las regalías en obras adecuadas para los pueblos y ciudades que reduzcan las precariedades y aumenten el bienestar de los colombianos. Solo los congresistas más experimentados logran que salgan proyectos concretos patinados al interior del DNP, pero sin mayores logros. Claro que se han logrado algunas cosas con plata de las regalías e ideadas por los técnicos de Planeación, pero son más los recursos que se encuentran sin ejecutar y que son usados para otros destinos. El gran problema tiene que ver con la estructura centralista de las regalías que parte de que los entes territoriales y sus padrinos congresistas son corruptos y merecen todo tipo de talanqueras para que el dinero no se esfume, una hipótesis que puede ser cierta, pero que debe revisarse para avanzar en que haya más descentralización.