Un mensaje de urgencia para las aplicaciones

Hay dos iniciativas de origen parlamentario cursando en el Congreso que buscan reglamentar el uso de las aplicaciones en la movilidad; una hace curso en la Cámara y la otra en el Senado, pero ninguna es de carácter generalista que solucione de una vez por todas el marco y la naturaleza de la llamada economía colaborativa.

Por esta razón es más que necesario que el Gobierno Nacional -a través de los ministerios de Transporte y de las Tecnologías- unifique con los autores de esos proyectos de ley el contexto legal de todo tipo de aplicaciones tecnológicas en donde se deben incluir las desarrolladas para logística como Rappi, las de pagos como Tpaga o las de servicios médicos como 1Doc3, obviamente incluyendo a Airbnb, Picap y todas las similares que componen un universo de buenas ideas que han convertido a los celulares en el vehículo indispensable para acceder a productos y servicios otrora de difícil acceso.

Ya el Gobierno se dio el lapo político y enfrentó a la temeraria empresa multinacional Uber que sigue en Colombia con su servicio de Uber Eats y que seguramente reculará en su amenaza de armar maletas e irse del mercado que más crece en la región y que tiene ciudades más grandes que cualquier país del vecindario. Colombia es una economía muy interesante para las inversiones en economía colaborativa, pues las ciudades crecen en su población a tasas interesantes para nuevas formas de consumo masivo, y así lo han entendido otras aplicaciones que sí se están ajustando a la normatividad colombiana, como es el caso de Cabify, Grin o Didi. El punto es que todas estas nuevas ideas que están mejorando la calidad de vida permitiendo el acceso a servicios antes exclusivos deben tener reglas de operación fundamentales como es el mínimo pago de impuestos, el respeto del espacio público y las obligatorias normas laborales para sus miles de empleados.

Son nuevas compañías que se deben proteger y auspiciar por parte de los gobiernos locales, regionales y en especial por el nacional, pero se les tiene que exigir el cumplimiento de un marco que proteja a los inversionistas, los socios y los usuarios. Colombia es territorio para las aplicaciones y debe contar con las leyes que sean caldo de cultivo para las iniciativas vinculadas a la economía digital. Aún no hay normas claras en materia de regímenes laborales, ni cuentan con mecanismos claros de subsidiarias y matrices, por tanto nadie sabe para donde van sus millonarias ventas. No es nada simplista preguntar si Netflix paga impuestos o si Uber le paga a las ciudades donde explota comercialmente el uso de su infraestructura urbana. En casi todos los países en donde la polémica aplicación ha cobrado legalidad se ha zanjado la discusión con una suerte de “cupo” (como lo pagan los taxistas tradicionales) e inscribiendo a sus “uberistas” en bases de datos oficiales con exigencias mínimas para prestar el servicio de transporte con confiabilidad.

Hoy existen en Colombia muchas aplicaciones de pagos que primero tuvieron que registrarse y pedir permisos en la Superintendencia Financiera para poder operar con las bases de datos de clientes bancarios, trámite que otras aplicaciones en otros sectores económicos se han saltado y llevan años engrosando bases de datos sin observación alguna por parte del Gobierno.