Un atentado que mina la credibilidad

Hace un par de domingos, mientras un grupo de trabajadores y sus familias se alistaban para celebrar los oficios religiosos, se registró un atentado terrorista contra las instalaciones de Caño Limón-Coveñas, con el lamentable resultado de 13 personas heridas, que fueron trasladadas a centros hospitalarios de la zona y de la capital del país. Más allá del repudio general que merece la actitud criminal, el hecho tiene características especiales que merecen resaltarse en la coyuntura actual, en forma independiente de las consideraciones humanitarias o incluso sin conocer el grupo terrorista que perpetró el atentado.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, con una longitud de 780 kilómetros, transporta el crudo extraído en los campos petroleros de Arauca hasta el puerto de Coveñas, en el Caribe, ha sido objeto de un sinnúmero atentados desde hace décadas por parte de los grupos guerrilleros, principalmente del Eln y en menor medida por las Farc, pero esta es la primera vez que los criminales van más allá de atacar el oleoducto propiamente dicho y atentan contra las instalaciones del campamento, poniendo en riesgo la integridad de las personas. Esto demuestra que la capacidad de destrucción de los grupos terroristas va más allá de los ataques a la infraestructura como arma delictiva, sino que poco o nada interesa la vida de las personas.

Los ataques, que se han presentado desde hace varios años, habían disminuido, pero en los últimos meses han recrudecido, al punto que la producción se ha paralizado por semanas completas. En las últimas dos semanas, la guerrilla del Eln ha atentado en tres oportunidades contra el oleoducto. La última oportunidad se dio el sábado anterior en la zona rural del municipio de Teorama, en Norte de Santander.

Tiene todo el sentido que en esas condiciones, la Defensoría del Pueblo haya pedido a esa agrupación que aclare si fue responsable del hecho, pues resulta contradictorio que se haya iniciado una fase de diálogos exploratorios con el Gobierno Nacional y en forma paralela atente contra la población civil.

Las autoridades no solo tienen el deber de proteger la integridad de las personas y cuidar la infraestructura, acción que no es fácil frente a la demencia criminal, sino que ya ocurridos los hechos, debe hacer el mayor esfuerzo para determinar el origen de los ataques, para claridad de los colombianos e incluso del Gobierno que tampoco puede ser indiferente sobre la autoría. Es claro que se ha tomado la decisión de adelantar negociaciones con la guerrilla de las Farc y comenzar acercamientos contactos con el Eln sin cese al fuego o tregua, pero otra cosa muy distinta es que en medio de esos procesos, se ataque sin clemencia alguna a los colombianos de bien, por fuera de la misma confrontación.