Racionalidad en los recursos para posconflicto

Una vez surtido el paso trascendental de la firma del acuerdo para el cese del fuego bilateral y definitivo, que no es otra cosa que el fin de las acciones bélicas que durante 52 años adelantaron las Farc contra el Estado, permitirá a ese grupo iniciar una nueva vida como organización política, lo cual cerrará la puerta en forma definitiva a la acción violenta como alternativa a la discusión democrática y moderna de los problemas del país. 

Así sea ya una realidad la noticia más esperada por los colombianos de varias generaciones y promulgada con emoción para todo el mundo, hay que tener conciencia de que el proceso de negociación entre gobierno y guerrilla no termina aquí y que, por el contrario, quedan temas de gran envergadura que deberán ser evacuados en los próximos meses, además del trámite legal al que deberán ser sometidos los acuerdos.

Los colombianos del común comienzan a preguntarse, con la lógica del sentido común, asuntos puntuales como el cuándo se hará efectivo el cese del fuego, la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil. De acuerdo con el acto legislativo que aprobó el Congreso, esto entrará a regir cuando se firme el acuerdo final definitivo y se refrende.  Después, Naciones Unidas tiene un mes para montar la verificación. El presidente Santos no se ha comprometido con fecha exacta, pero ha insinuado que podría ser el próximo 20 de julio, a lo cual Timochenko ha dicho que “falta pelo para moño”, expresión popular utilizada para mostrar que se debe recorrer todavía un camino antes de llegar al objetivo final. Por encima de esas consideraciones, hay un tema que merece toda la atención oficial y de los expertos que tiene que ver con la llamada “financiación del posconflicto” que debe resultar de un trabajo serio, en el entendido que la gente no puede ver que las necesidades para atender esa etapa se hará meramente a sus expensas. Sin duda que buena parte de la aceptación está fundamentada en ese precepto.

La seriedad en el asunto tiene que ver con la definición clara y precisa de lo que se entiende como tal y no puede ser la sumatoria de todas las necesidades no satisfechas y que se quieran acomodar en forma oportunista por distintos sectores o regiones afectadas por la confrontación. La racionalidad debe ser otra máxima, entendida esta como el ajuste de los requerimientos a los recursos disponibles y sus fuentes de obtención, en el entendido que la capacidad presupuestal del país es limitada, al igual que el bolsillo de los contribuyentes y hay otras obligaciones que cubrir. El seguimiento y monitoreo de los gastos debe ser otro elemento clave en esta idea de máxima racionalidad. Sin duda que la trascendencia del final del conflicto con la guerrilla de las Farc no se puede desconocer y, en es orden, los intereses del país están por encima de las consideraciones de tipo político.