Prueba ácida de protestas y paros

A mediados de agosto de 2013, el panorama social, político y económico de Colombia fue sacudido por una ola de paros tradicionales, en los que siempre intervienen profesores, transportadores, centrales obreras y campesinos, pero tuvo un componente extraordinario, que fueron los cafeteros. Esa alianza de protestas hizo que el país se convulsionara y la opinión pública le pasara una cuenta de cobro política a la administración Santos, que partió su popularidad y la hizo cotizar a la baja con una caída en la aprobación que descendió de 70% a cerca de 25%; lo más sorprendente de su momento fue el papel de los cafeteros, quienes nunca se habían unido para protestar contra un gobierno, máxime cuando estaba en cabeza de Juan Manuel Santos, formado en las entrañas de los cultivadores. El Gobierno Nacional nunca se sobrepuso, ni mostró dotes de resiliencia a esta gran ola de protestas, que también le pasaron la cuenta de cobro a la economía.

Y es que estas protestas tienen un costo económico, pues según los datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), “los cinco paros de finales de 2012 y principios de 2013 le costaron al país no menos de unos $900.000 millones, equivalente a 0,8% del PIB del primer trimestre de 2013. Este valor perdido por cuenta de las huelgas es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo”. Y aunque la huelga más grave en términos de pérdidas económicas fue el paro de transportadores que se realizó el año pasado y que impactó negativamente en $3,6 billones al mercado nacional; el paro que juntó a los sectores judicial, carbonífero, cafetero y estudiantil en 2012 se ubicó en el cuarto lugar en pérdidas económicas. El agrario de 2013 se llevó un penoso segundo lugar, pues golpeó en $1,8 billones al país; y en tercer lugar se ubicó el paro judicial que se realizó entre 2014 y 2015 y que hizo perder $1,1 billones. Las protestas de 2013 forzaron al Gobierno a asignar $1,5 billones de recursos del Presupuesto de la Nación para atender las peticiones de los sectores cafetero y transportador; y según Anif, esto hizo que se postergara para 2015 el inicio del desmonte del 4x1.000.

La nueva ola de paros que da inicio en la jornada de hoy reúne nuevamente a los profesores, que piden adelantar la licitación del Fomag, que es donde se garantizan los servicios de salud de los maestros, y que está atrasada; también congrega a un segmento de los transportadores, los taxistas, que protestan por la operación creciente de Uber en Colombia; y entre los nuevos participantes están las madres comunitarias, motivadas porque la Sala Plena de la Corte Constitucional podría definir este miércoles si anula o deja en firme la sentencia que ordena al Icbf pagarles un mínimo de pensión; además de los chocoanos, quienes realizarán un paro cívico debido a los incumplimientos de 2016, según ellos, porque no se han adelantado los planes de trabajo de servicio básico y promoción del departamento.

A poco más de un año de que termine la administración de Juan Manuel Santos, se enfrenta nuevamente a una prueba de fuego en forma de protesta social que, si bien es un derecho legítimo consagrado en la Constitución, no debe afectar a las mayorías y dejar como consecuencia pérdidas económicas de 12 dígitos, justo un año después de que el Gobierno hizo recortes para hacerle frente a un hueco fiscal; por esa razón, es un deber del Gobierno Nacional tratar de encontrar salida al problema antes de que tenga un efecto bola de nieve, como sucedió con las huelgas de 2013.