Más allá de la economía, los diálogos y la justicia

Al cierre del primer semestre, la situación del país en los distintos frentes, incluyendo el económico, dan para hacer una evaluación seria de los resultados y metas logradas, aceptar las fallas, plantear soluciones y proyectar la segunda parte del año. Debe ser un ejercicio responsable por parte del Gobierno y también de los agentes privados. Aunque parezca razonable que nuestro trabajo de circunscriba al campo económico, la realidad es que hay factores tan importantes para la vida nacional que no se pueden dejar por fuera, en el entendido que afectan el clima de los negocios y el bienestar de la población y que son determinantes para el desarrollo integral de nuestra sociedad. Por ejemplo, el estado del proceso de paz y de la justicia merecen especial atención.

A casi tres años de haberse iniciado las negociaciones con las Farc es evidente el clima de desconfianza y zozobra que se vive en el país como consecuencia de la acción terrorista del grupo guerrillero, y aunque no se puede afirmar que su acción demencial esté generando una desestabilización de nuestro sistema democrático, sí genera una frustración entre los colombianos que se habían hecho a la idea que en esta oportunidad era muy alta la opción de terminar definitivamente el conflicto.

Hoy, esa creencia parece desvanecerse, que el Gobierno esté asumiendo el costo de una decisión adoptada cuyos resultados no han sido los esperados y que mantenga esa voluntad en medio de las dificultades es para algunos una señal de debilidad y para otros, una muestra de grandeza.

No cabe duda que la situación del proceso tiene un impacto grande sobre las demás variables, comenzando por el clima de la economía y el ambiente político, esto a cinco meses de las elecciones para alcaldes y gobernadores. En el terreno de la economía, la acción devastadora del terrorismo genera no solo costos muy altos para la producción también impacta en términos de pobreza o bienestar a algunas regiones que, paradójicamente, no se han distinguido por su riqueza, sino por la marginalidad. El desconcierto y desespero de los pobladores llega a tal punto que ingenuamente creen que el mejor camino para su protección frente a la violencia es hacer salir a la fuerza pública de su jurisdicción. Es un antecedente que no puede prosperar. 

El Estado debe hacer entender a la ciudadanía que la misión de los organismos de seguridad es garantizar la honra y bienes de todos. En el caso de la administración de justicia, es evidente su desprestigio y escasa confianza, lo cual resulta muy dañino, al punto que se está volviendo corriente el pregón de actuar en directamente frente a los delincuentes. Sin duda restablecer ese clima de confianza debe ser un objetivo de primer orden para el resto del año. La evaluación del estado de la economía merece un capítulo especial del que hablaremos en la siguiente edición.