Los primeros pesos del nuevo Presidente

Recordemos que Juan Manuel Santos entregará la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto cuando se posesione su sucesor en el cargo de Presidente que será elegido el 27 de mayo o el 14 de junio del nuevo año, si hay segunda vuelta. Esa es una realidad indiscutible, así el frenesí político muchas veces haga ver las cosas nubladas; al punto que los primeros pesos del nuevo gobierno ya están aprobados en la Ley de Presupuesto General de la Nación.

Como para no variar lo que siempre ha sucedido en el Congreso, la importante ley presupuestal se aprobó a las carreras en segundo debate en el Senado por $235,6 billones, unos US$78.000 millones distribuidos de la siguiente manera: para gastos de funcionamiento $147 billones; deuda pública $48,2 billones y para inversión en obras $39,7 billones. Eso a grandes rasgos, pero también se incluyó una partida de $500.000 millones para hospitales, $100.000 millones para universidades públicas y $120.000 millones para infraestructura pendiente.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que dicho sea de paso es el funcionario que más ha durado en el cargo, ha defendido su iniciativa y ha explicado hasta el cansancio que es un presupuesto muy ajustado no solo a las necesidades sino en función de los ingresos. La situación fiscal es preocupante, pero no hay alarmas encendidas por parte de la banca multilateral ni las firmas calificadoras de riesgo. No obstante, los recursos son escasos y las necesidades de inversión social enormes. Cárdenas no puede olvidar que le quedó pendiente el ajuste del gobierno central; que no se hicieron los rediseños de gastos necesarios; con terquedad se mantuvo un tren de gastos burocráticos y baja productividad que se nota si se compara el aparato estatal local con el de países similares.

El Minhacienda no solo no encontró nuevas fuentes de ingresos y puso sobre la mesa ideas políticamente incorrectas como descapitalizar en $500.000 millones el Fondo Nacional del Ahorro, sino que no se tocaron a fondo el Sistema General de Participaciones, las pensiones y la salud y otras transferencias. Todas las anteriores obligaciones que siguen intactas, solo evolucionando con el tiempo sin mayores rediseños en términos financieros. Los partidos opositores y candidatos a suceder a Santos han criticado el presupuesto con el que tendrán que trabajar entre agosto y diciembre del próximo año. Dicen que hay inconsistencias macroeconómicas, pues el crecimiento económico no se reactiva, dado la baja persistente en la confianza del consumidor y la baja producción industrial.

Siempre que un Presidente saliente le entrega la administración central a uno nuevo, quien recibe se apura a decir que “dejaron la olla raspada” refiriéndose a las posibilidades presupuestales y de inversión con que cuenta. Si bien las finanzas gubernamentales no son críticas y aún hay recursos con los cuales se puede pagar la burocracia, hacer algunas obras de inversión -además de pagar la abultada deuda- es latente una estrechez económica por el mismo modelo del funcionamiento central, salpicado por corrupción, ineficiencia y unas obligaciones laborales crecientes. No se puede perder de vista que el Estado poco produce, que regula mucho, que pone impuestos en cantidades y que muchas veces impide el libre desarrollo de los mercados. Al nuevo Gobierno le corresponde repintar sus finanzas para que deje de depender solo de las arcas nacionales.