La resurrección de los trámites y el papeleo

De por sí hacer nuevas leyes antitrámites, reglamentarlas, hacer más decretos o poner más normas, se convierten en trámites tediosos, largos, sin compromiso y atemporales a los cuales nadie les pone acelerador porque hay mucho funcionario en todas las entidades estatales, departamentales o municipales, además de las notarías, que viven de hacer voltear a la gente y nos mantiene como un país poco competitivo, si se compara con los de las buenas prácticas económicas. La solución al problema no es quitar trámites de palabra o montarlos en internet, es hacer que las cosas funcionen, pues de nada vale que las leyes digan de manera explícita que no se necesitan ciertos papeles, pero los funcionarios de turno los exigen sin que los usuarios puedan hacer algo al respecto. Además, muchos de los trámites eliminados por leyes, normas y decretos, fueron subidos a la red de redes, como si eso solucionara los problemas, ahora los “trámite-habientes” se enfrentan a disculpas como “se cayó el sistema” o “la página está cargando”, cuando no es que se remita a los usuarios a tortuosas líneas telefónicas que en nada ayudan a solucionar problemas de tramitología. Y así pues, los trámites eliminados simplemente se niegan a morir por obra y gracia de los funcionarios que ven en el papeleo la única manera de mantener su cargo en el Estado. Desde que entró en vigencia de la Ley Antitrámites se prometió eliminar 386 trámites tales como regulaciones; procedimientos; certificados de libertad; asignación de citas; supresión del Registro Civil de nacimiento y/o partida de bautismo; trámites pensionales; certificados de existencia y representación legal; pasado judicial; certificado de tradición y libertad de bienes inmuebles; duplicado de la cédula; copia de la inscripción en el Registro Civil; tarjeta de reservista de segunda clase; constancia por pérdida de documentos y actualización del RUT, toda una avalancha de papeleos que nos mantienen anclados en el pasado; es una gran cantidad de vueltas burocráticas que iban en camino de desaparecer, pero que han ido reviviendo poco a poco bajo la excusa de extremar la seguridad, la creciente delincuencia, los amaños y las garantías impresas. Quienes diseñan estas políticas publicas no trabajan en lo fundamental como es la confianza entre los colombianos, un cambio de cultura que haga que tantos requisitos desaparezcan y seamos en el futuro una sociedad de confianza. Solo en Colombia, si nos comparamos con nuestros pares de la Alianza del Pacífico, la cédula no tiene remplazo con la licencia de conducir; vivimos bajo la sombra de la desconfianza y eso marca la gestión pública. No solo se trata de hacer más leyes, se trata de generar confianza, una tarea casi imposible en un país capturado por la agenda judicial. No basta con hacer una mandato estatal de que los trámites se hagan por internet, se trata de hacer que internet funcione y que los funcionarios apliquen las normas. Las leyes antitrámites no tiene caso si no se trabaja a fondo en la aplicación de las normas desde el funcionario o los notarios y se pone al servicio del usuario un acceso moderno y eficiente a internet. Es un hecho que en términos de tramitología, Colombia sólo ha avanzado hasta la segunda revolución industrial, esa que dotó a las sociedades modernas a comienzos del siglo XX de carros, bombillos y electricidad. El país se debe desatracar.