La hora de la verdad de la consulta laboral

El régimen laboral colombiano es obsoleto y lleno de inconsistencias e incompetencias: informalidad, jornada semanal, trabajo por horas, parafiscalidad, libre despido, asimetrías salariales entre sectores y territorios, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, entre otros muchos vacíos, son elocuentes en el sistema de cómo se emplea, se contrata y se ofrece trabajo en Colombia y es menester del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, proponer, analizar, estudiar y diseñar un mundo laboral mucho más moderno enfocado a la productividad, a disminuir la informalidad, ser competitivo, moderno, tecnológico, incluyente, globalizado, pero sobre todo progresivo, es decir, que cada año se avance hacia un estadio mejor que el anterior, en un proceso en el que no haya retrocesos ni involuciones.

La administración Petro ha propuesto al Congreso reformas estructurales, la laboral, la pensional y la de la salud; sólo la pensional ha avanzado a tumbos en el legislativo y está a 48 días de entrar en vigencia el próximo 1° de julio, mientras que la de la salud naufraga y la laboral tuviese que escoger el camino de una consulta popular para ser impuesta con un solo punto de vista, el del Gobierno, que frustrado por sus derrotas políticas en el Senado y la Cámara escogió las calles para sacar adelante sus ideas laborales, y de paso, usar unas preguntas masivas, casi todas racionalmente afirmativas, para hacer la calle y calentar el frenesí político huérfano de ideas y propuestas.

El Gobierno sabe hacer política, convocar masas y decir las cosas que los electores quieren oír. Seguro que el grueso de las personas dice sí a lo siguiente: ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p.m.? ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo de 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Está de acuerdo con que los aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Todas son cuestiones de peso real y gozan de atención por el actual sistema, pero es un cuestionario político que busca dividir y calificar a quienes se atrevan a poner un “No”.