La discusión presupuestal llegó al Congreso

Antes de la media noche del próximo 20 de octubre, el Congreso de la República deberá haber aprobado el Presupuesto General de la Nación para 2020. El Ministerio de Hacienda ya radicó la iniciativa por un monto total de $271 billones, cifra que es 9% más alta que la de la actual vigencia. Es el primer presupuesto que hace la administración Duque Márquez y la prometida austeridad en el gasto es el eje central del presupuesto dada la estrechez financiera por las que atraviesan las arcas del Estado y el creciente monto de deuda que empieza a gravitar como uno de los problemas a solucionar, o por lo menos, a manejar con mucha más cautela.

Para los gastos de funcionamiento, es decir, para que el cuerpo institucional del Estado funcione, se va a destinar 63,3% del presupuesto, unos $172 billones, una cifra que puede expresarse de otra manera: de cada $100 del presupuesto casi $65 se va para la necesaria burocracia; para nadie es un secreto que el Estado es el mayor empleador y que muchos de los impuestos se destinan a su costoso mantenimiento. El segundo mayor rubro más abultado está dirigido al pago del servicio de la deuda pública, unos $59,2 billones, lo que representa 21,8%. En ese mismo orden de explicación, $22 de cada $100 se van para pagar deuda pública. Solo quedan $15 de cada $100 para la inversión: 14,9%, unos $40,3 billones.

A simple vista es un Estado que recauda impuestos para pagar la deuda y mantener a los funcionarios públicos. La inversión siempre es la más sacrificada y esa decisión es la que da pie para la protesta social, pues el equilibrio no es el más adecuado.

En su primer presupuesto el presidente Duque plantea: “hemos priorizado la asignación de los recursos disponibles, de manera que este sea un presupuesto fiscalmente responsable y macroeconómicamente consistente, que cumpla estrictamente con las metas de la regla fiscal y atienda el mandato constitucional de incrementar el gasto social para satisfacer las necesidades básicas de nuestros compatriotas más vulnerables, así como las de la población venezolana que ha migrado al país”. No obstante, es una iniciativa que pasará por la lente de un Congreso voraz en términos presupuestales y seguramente esos $271 billones pueden subir a unos $280 billones dadas las necesidades de inversión que tiene el país, por ejemplo en vías terciarias. Preocupa que la deuda externa ya empieza a jugar un papel determinante: el servicio de la deuda pública crecerá para 2020 en 9% respecto al vigente para 2019, sin esta asignación se aumenta en 7,7%. Esta realidad, muy similar a la de países como Brasil, México y Estados Unidos, es un asunto al que se le debe poner mucha atención, pues gran parte de la solución a las necesidades del país siempre se piensan con cuenta de cobro a las futuras generaciones.

Si se mira por sectores se destaca que educación conserva el primer lugar con la mayor asignación con $43,1 billones, con un aumento de 6,7% frente a 2019. Le sigue defensa con $35,7 billones, con un aumento de 6,8% en comparación del actual $33,5 billones. Al agro se le reducirá 21,6%, pasará de $2,2 billones a $1,8 billones. Otro de los rubros de alta atención es el destinado a pensiones, que pasan de $38,5 billones a $43 billones, el más alto en la historia, situación que obliga a disparar las alarmas sobre la urgente reforma pensional que evite problemas en las próximas décadas.