La Comisión Tributaria no debe ser otra misión más

El viernes pasado se conoció el primer informe de la llamada Comisión Tributaria convocada por el Gobierno Nacional para que hiciera las recomendaciones pertinentes en materia de impuestos, pues durante el debate de la última reforma tributaria se planteó sentar las bases de la llamada reforma tributaria estructural. Su primer informe técnico viene como anillo al dedo al conocerse los comentarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Ocde sobre la creciente desigualdad social en América Latina, frente de la economía en el que Colombia es el líder.

Ángel Gurría, director general del club de las economías con mejores prácticas, dijo que “América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual, un problema lacerante en un continente donde crece el mal humor por la corrupción y la cultura del privilegio (...) Hay democracia, pero nos falta bienestar (...) El 10% más rico tiene ingresos decenas de veces más altos que el 10% más pobre, lo que es un problema grave (...) América Latina no es la más pobre, pero sí la más desigual”. Fuertes palabras de una situación sobrediagnosticada que solo se soluciona con una buena administración de los crecientes impuestos y un pago de cargas tributarias más equitativas.

En buena hora el Gobierno creó la Comisión Tributaria conformada por un grupo de expertos, pero ojalá sus recomendaciones no corran el mismo riesgo de la llamada Misión Cafetera que cuando se conocieron sus conclusiones, simplemente no fueron acatadas y el dinero de la asesoría se perdió. Nuestros gobiernos son expertos en crear grupos de expertos, misiones técnicas y comités de alto renombre académico, pero sus estudios serios y complejos caen en manos de los congresistas que los archivan o los descalifican.

Hasta ahora (según dice la Comisión) “las reformas tributarias han sido deficientes, dado que en lugar de mejorar los impuestos estructurales o fundamentales como el imporrenta, el IVA, el predial y la seguridad social, entre otros, se han enfocado en normatizar los impuestos excepcionales, que son antitécnicos para muchos tributaristas, de los cuales se han quedado permanentes como el impuesto a las transacciones financieras o el del patrimonio, que hoy se llama gravamen a la riqueza”. Pero lo más preocupante que pronostica la Comisión es que “hacia 2018, sin una reforma tributaria y con el mismo gasto público de hoy, el país tendría faltantes fiscales por $11 billones. El impuesto a la riqueza se acaba ese año y la Contribución Económica para la Equidad, un año después en 2019”.

Lo más fácil siempre será engavetar el estudio tributario o que los congresistas decidan no atenderlo y seguir poniéndole impuestos a las personas de más fácil recaudo como es la emergente clase media.