Hay que acompañar a los gobiernos locales

Es una práctica rutinaria que gobernadores y alcaldes se quejen de la escasez de recursos para adelantar sus planes y proyectos que ofrecieron en la campaña. Unos alegan que la administración saliente dejó la “olla raspada” y otros cuestionan al Gobierno Nacional por no entregar las partidas de regalías y transferencias que les corresponden y que están establecidas en normas superiores. Esas prácticas, razonables o no, acompañan a las administraciones locales, por lo menos en el primer año de gestión, pero en particular es más enfática en los primeros meses.

Este momento de las finanzas públicas es especial, pues la economía no pasa por un buen momento como consecuencia, entre otros factores, por la dramática caída de los precios del petróleo y que no solo afecta al fisco central, sino a las distintas regiones por la reducción de la inversión de las empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales, en particular la minería y los hidrocarburos.

Con seguridad que los planes de austeridad  se sentirán en las regiones. Los nuevos mandatarios deberán enfrentar una realidad muy distinta a la de sus antecesores y en ese sentido deben prepararse para ello. Como consecuencia de esa realidad, seguramente las protestas aparecerán como mecanismo de presión para alcanzar nuevas reivindicaciones o garantizar las ya existentes y los burgomaestres deberán tener la capacidad de respuesta y conciliación. Por eso sorprenden los datos de un estudio entregado por Planeación Nacional en el que se advierte que en el momento haya más de $4 billones “congelados” debido a problemas de estructuración de proyectos por parte de las administraciones locales o sencillamente por carencia de proyectos. La falencia que se extiende al 60% de las alcaldías, por lo que se puede afirmar que este un asunto crítico que merece toda la atención y pone en duda la política de descentralización que el país ha impulsado desde mediados de los años ochenta del siglo pasado.

Sin duda que la primera responsabilidad en el asunto es de alcaldes y gobernadores, pero es el camino fácil culparlos del problema, cuando es claro que el Gobierno debe acompañarlos en el proceso, a través de entidades como el mismo Planeación Nacional, Fonade y Findeter, entre otros organismos. Otros entes como los ministerios del Interior y Hacienda y organismos de control como la Procuraduría y Contraloría deben adelantar programas de inducción para facilitar el trabajo, optimizar la operación administrativa y evitar problemas disciplinarios y de manejo de los asuntos fiscales y de contratación. En no pocas oportunidades, el desconocimiento de la normatividad induce a errores a los administradores, sin que necesariamente haya prácticas de corrupción que tampoco se deben descartar.