Familias en Acción, debate pendiente

Para los estudiosos de las políticas públicas colombianas, el programa de Familias en Acción es una suerte de ‘santo grial’, en el que se pueden observar al mismo tiempo éxitos y fracasos de una buena intención gubernamental. Éxitos, porque es un plan que ha sido efectivo y copiado en otros países, y que de acuerdo con las pocas investigaciones que existen sobre el tema, ha contribuido en la erradicación de la pobreza y en la inclusión de los niños más humildes en la educación. Pero fracasos, si se mide con los ojos críticos al asistencialismo mediante el cual se le ha regalado dinero a casi tres millones de familias, muchas de las cuales han abandonado sus trabajos rutinarios para vivir de lo que les da el Estado.

El programa Familias en Acción lleva 12 años, tiempo en el que ha multiplicado por ocho el número de beneficiados, se ha convertido en una política de Estado y ha logrado impactos tangibles en la reducción de la pobreza, pero también se ha convertido en foco del debate electoral por su manipulación para fines políticos. Este programa nació en 2001 como un plan de choque contra la crisis de finales de los 90, cuando la economía cayó 4,3%, el desempleo alcanzó 20% de la población y la pobreza aumentó a 59% y lo que buscaba era proteger a las familias pobres a través de subsidios para mantener la formación de capital humano.

El Plan inicial se ha ido mejorando. En la actualidad los recursos entregados a las familias pobres están condicionados al cumplimiento de dos requisitos por parte de los beneficiarios: la asistencia de los menores de 18 años al colegio y seguimiento a la salud y la nutrición de los niños. La pregunta clave es si estos requisitos se están cumpliendo cabalmente o si se están falsificando como sucede con otras ayudas estatales. Cuando arrancó el programa se dirigió a familias con menores de 18 años, que estaban en nivel uno del Sisben y que vivieran en municipios de menos de 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2007, para el segundo mandato de Álvaro Uribe, se amplió a los centros urbanos, para la población indígena y los desplazados. Así, la meta de familias beneficiadas llegó a 1,5 millones. Hasta diciembre pasado, 2,68 millones de familias estaban beneficiadas con el plan, lo que representa aproximadamente 4,8 millones de niños en 1.102 municipios de los 32 departamentos.

Es el momento de revisar si Familias en Acción está cumpliendo con su función y si haber ampliado las ayudas a zonas urbanas de ciudades capitales no es más que una acción política. El debate está por darse, pero obviamente en época de guerra no se dice misa, como reza un dicho popular. Es el momento para que en tiempos electoreros se empiecen a tocar los temas cruciales del país económico.