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EDITORIAL

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martes, 25 de octubre de 2016
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No se necesita un gran discurso ideológico o unos profundos conocimientos en economía para comprobar que el país está enfrentando un momento especial en su manejo que marcará la ruta del futuro.

No se necesita un gran discurso ideológico o unos profundos conocimientos en economía para comprobar que el país está enfrentando un momento especial en su manejo que marcará la ruta del futuro, aunque se debe reconocer que las condiciones estructurales de ahora son de lejos mejores a las vividas en otros momentos de la historia moderna del país. Tampoco se puede asimilar nuestra realidad actual a lo que está pasando en el vecindario, pues la fortaleza institucional del país está a salvo. 

Sin duda que los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, no solo generaron una gran sorpresa sino una entendible dosis de desconcierto que con el paso de los días se ha ido “depurando” y mostrando lo equivocado de los pregoneros del caos si no se obtenía tal o cual resultado electoral. Hoy ya es creciente el consenso de la necesidad de realizar ajustes importantes a lo acordado entre Gobierno y Farc, lo cual no significa para nada “borrón y cuenta nueva”, sino la capacidad de reconocer que la dinámica de tan importante proceso requiere un ejercicio de aproximaciones sucesivas para alcanzar lo mejor para bien de todos.

El caso de la justicia es el mejor ejemplo de ello, como lo han hecho saber el Fiscal General y los magistrados de la Corte Suprema. Sin duda resulta necesario escuchar a la rama como condición para evitar lo que el Fiscal ha llamado “una fractura en la implementación de los acuerdos” al no haber claridad en asuntos de gran filigrana, pues no cabe duda alguna de que no se puede comprometer la estabilidad jurídica, uno de los más cotizados activos sociales que da confianza a todos los agentes y salud a la democracia.

Un segundo asunto tiene que ver con la confianza y estabilidad económica, otro de los pilares hacia el progreso y el bienestar, que tiene en la reforma tributaria, una prueba de no poca monta, pues deberá entrar a regir desde enero del año entrante.

Es grande la responsabilidad de los distintos agentes económicos y sociales, del Gobierno y del legislativo en el trámite y perfeccionamiento del proyecto para lograr el máximo equilibrio y corrección de desviaciones en las cargas impositivas, siempre teniendo en cuenta el objetivo de garantizar los recursos fiscales que se requieren para enfrentar la coyuntura adversa derivada de factores externos.

Pagar impuestos no es propiamente una voluntad humana, ni aquí ni en todo el mundo, pero constituye una obligación social que no se puede eludir y aunque lo ideal sería un gran esfuerzo del Estado para hacer más eficiente y alcanzar una mejor asignación de los recursos, en el corto plazo la generación de más recaudos es una condición necesaria para la estabilidad fiscal y, por ende, para la salud de la economía y la atención de las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por eso, alcanzar consensos en los que gane todo el país es el único camino posible si la tónica es el progreso y bienestar colectivos. Ese sí es el verdadero legado para el futuro del país.

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