lunes, 21 de septiembre de 2020

Ensañarse contra bienes públicos derribando estatuas, destruyendo señales de tránsito o acabando con estaciones de policía, entre otras conductas, no deben prosperar en las protestas

EditorialLR

Poco a poco Colombia despierta a la tradicional realidad nacional luego de casi medio año de tregua de la protesta social que había sido la constante durante todo el año pasado. La larga cuarentena casi hace olvidar que el país no sabe solucionar sus luchas sociales o sus reivindicaciones sin acudir a la violencia. Casi todas las manifestaciones están protegidas por la ley, pero se van difuminando en batallas campales cuando se transforman en actos vandálicos como son la destrucción del mobiliario urbano y los bienes públicos.

No puede hacer escuela en el país que populares “influencers” traten de sumar likes en sus redes sociales (caso Epa Colombia) destruyendo instalaciones de Transmilenio, ni que indígenas (caso Misak) arremetan contra un monumento histórico porque celebra a sus opresores de hace 500 años; mucho menos que en una sola jornada se destruyan los Centros de Atención Inmediata, CAI, de la Policía, consecuencia de un lamentable acto delictivo de unos pocos individuos.

Ni las estaciones de Transmilenio, ni la estatua de Belalcázar, ni los CAI tienen la culpa de nuestra historia. Los bogotanos necesitan del transporte público en una ciudad infartada por el tráfico de sus vías; Popayán es un referente histórico, un destino turístico (con sus pecados y virtudes) que nadie le puede tumbar; y nada es más urgente que esos centros de la Policía para poder responder en contra de la creciente delincuencia.

Acabar con todo lo público no va a solucionar nada y es un acto irracional al tiempo que destruir Transmilenio es tan demencial como tumbar una estatua para poner otra. Los líderes de las protestas no pueden pretender vivir en un país sin transporte público, sin estatuas y sin estaciones de la Policía, entre otros elementos importantes del mobiliario público como parques, hospitales, colegios, bibliotecas, vías, acueductos, etc.

Sería un cliché de estos días plantear que hay que reinventarse y que la protesta social no debe ser la excepción. El punto es revisar a fondo el sentido de la violencia por violencia, que como un muñeco de nieve suma adeptos víctimas de la crisis que experimentamos luego del creciente desempleo, la inseguridad y la falta de oportunidades.

Debemos ser capaces de encontrar un camino en el que la destrucción de lo público no sea la constante facilista, que esté blindado en la legalidad para controlar los actos vandálicos y que sea una forma eficaz para que los gobernantes hagan caso. De momento, es la oportunidad de implementar algunas normas disuasorias que han sido efectivas en países más desarrollados y han acondicionado las protestas.

El vandalismo es un delito en crecimiento en Colombia que debe ser puesto en orden, de lo contrario, las grandes mayorías que no protestan saldrán afectadas en sus intereses.

La pandemia ha sido un caldo de cultivo que se ha ido enriqueciendo de la crisis económica y que si no se interviene oportunamente con normas de control y soluciones eficaces a las reivindicaciones sociales, habrá políticos interesados en que la pobreza nunca muera, que el desempleo no baje, que las deudas aumenten y que la salud se precarice, pues esos son los insumos de su discurso populista: que el bienestar nunca llegue, que la precariedad de las necesidades básicas insatisfechas aumenten y que la ignorancia siga campante para “ellos” seguir vigentes, alcanzar gobiernos y nunca abandonar el poder como pasó en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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