El narcotráfico es tema obligado en la ONU

Los colombianos no podemos negar que nuestra historia está marcada por las guerrillas y el narcotráfico, y peor aún, que ambos flagelos se han fortalecido o nutrido uno del otro, poniendo en jaque nuestra gobernabilidad e incluso rotulándonos, hasta hace unas décadas, como Estado fallido. Nadie duda que las leyes subterráneas o sumergidas del narcotráfico no se escapan de las del mercado, en las que la oferta está determinada por la demanda y mientras haya un consumidor habrá un productor dispuesto a satisfacerlo. Es también un hecho histórico que Colombia ha pagado la guerra contra los narcotraficantes con miles de muertes violentas al año y que de nuestro presupuesto se destina una buena parte para poder librar batallas diarias contra cultivadores, transportadores, vendedores y el creciente lavado del dinero proveniente de este delito.

Cuando la Unión Soviética dejó de existir y hubo la diáspora de repúblicas otrora socialistas, las guerrillas comunistas dejaron de financiarse con dinero “políticamente correcto” de estados creyentes en el comunismo. Ese hueco financiero lo llenaron con dinero proveniente del narcotráfico; esa es la explicación del segundo aire que tomaron las Farc y el ELN en Colombia, luego de la catástrofe de los países comunistas. Ahora bien, con el crecimiento del consumo de drogas tradicionales en países desarrollados, las guerrillas sufrieron una evolución espontánea de pequeños grupos de narcos dedicados a comerciar estupefacientes con poderosos cárteles centroamericanos y mexicanos que tienen el control de la venta especialmente de cocaína y marihuana en Estados Unidos y España, dos de los mayores consumidores del mundo. Este frenesí de comercio ilegal ha impactado a una Colombia inmersa en unos largo diálogos de paz con las guerrillas, descuidando de paso el control a los cultivos ilícitos que hoy abarcan unas 200.000 hectáreas, incluso en parques nacionales, generando una situación de retroceso en una lucha amarga para Colombia. No podemos negar la magnitud de los cultivos ni el poder de los narcotraficantes en muchas regiones, además de su peligrosa relación con políticos. Es por todo esto que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no puede dejar de hablar de cultivos ilícitos, narcotráfico en las Américas y la corresponsabilidad de los países consumidores de drogas; máxime cuando es su última oportunidad de hablar ante la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas, que esta semana tiene su cita anual. Hay países allí presentes que se agazapan en las mieles del consumo a esperar que los verdaderos costos de esa guerra fratricida los paguen quienes producen. Pero esto tampoco nos excusa a aflojar nuestra lucha en contra del tráfico de drogas, y algo muy olvidado, la penosa cultura narco que tan mala imagen nos forma en el mundo desarrollado. Luego de la apoteósica visita del Papa Francisco, los colombianos volvimos a nuestra realidad traumática bajo las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nos recuerda con vehemencia que sino no luchamos en serio contra los cultivos ilícitos y los responsables de traficar con cocaína, puede desempolvar esa chocante arma de la descertificación que tanto daño nos hizo en el pasado y que puede hacernos retroceder.