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EDITORIAL El carrusel de los preacuerdos
lunes, 26 de agosto de 2013
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Todos se vuelven colaboradores y tras bambalinas se “reparten” la colaboración. Todos van por su preacuerdo

Todos se vuelven colaboradores y tras bambalinas se “reparten” la colaboración. Todos van por su preacuerdo
 
Con buena intención, el legislador colombiano, al copiar la normatividad extranjera, concibió la figura de los preacuerdos y negociaciones como una salida o terminación de los procesos regidos por la Ley 906 de 2004 que en nuestro país introdujo el llamado sistema penal acusatorio o, por mejor decir, con tendencia acusatoria. Se pensó que había que propiciar una nueva cultura jurídica en el escenario de la administración de justicia, orientada a que si acaso 10% de los procesos llegaran a etapa de juicio, pues de lo contrario el sistema estaría propenso a un colapso.
 
Bajo ese propósito se concibieron institutos como el de los preacuerdos, que está haciendo crisis por cuenta del caso identificado como “el carrusel de contratos”, en la medida en que estamos asistiendo a un desfile de “colaboradores” con el aparato judicial que lo único que persiguen es aliviar su situación jurídica, lejos de un propósito de colaboración en procura de lograr verdad, justicia y reparación.
 
Enlodarles el nombre es fácil y en su cometido se las ingenian para que se conozca la identidad o relación de los nombrados, avocándolos a declaraciones para desmentirlos y exponiéndolos a extorsiones de embaucadores de oficio, que se muestran con poder para “controlar” que se nombre o “desnombre” a tal o cual, o para impulsar la publicidad. Un desquiciamiento de esa profundidad, con aleve agresión al buen nombre y menosprecio por el significado material de un Estado de Derecho, en gran medida es propiciado por dos cosas: (i) la inusitada facilidad de filtración de piezas procesales que se suponen amparadas por la reserva legal y (ii) el invento de condicionar los preacuerdos a la delación, pura y simple.
 
En las dos, la cuota de responsabilidad de la Fiscalía es innegable. En la primera porque inexiste un verdadero y riguroso control que contenga las intromisiones indebidas, al punto que con pasmosa facilidad trasciende, por acción o por omisión, lo que se supone reservado. Se conspira de esta forma con la vocación de éxito que pueda tener una investigación, máxime si pretende soportarse en vacuas referencias, y, lo que es peor, ajeno a la menor dosis de pudor se somete a la picota pública a todo aquél que anhelaría que al menos se le respete la presunción de ser titular de un patrimonio moral sin contaminación.
 
En la segunda, porque aún en rebeldía con la Directiva 001 de 2006 de ese organismo de persecución penal, que intenta “reglamentar” la viabilidad de los preacuerdos, viene haciendo carrera que se condicionen a explícitas manifestaciones de colaboración. Por ese camino, el aspirante a beneficiarse supera el dilema expresando su voluntad de colaboración y entonces, para que no lo excluyan de la opción de preacordar se lanza en caída libre a las profundidades de los señalamientos. Consciente que estamos en el país de los carruseles, poco o nada le importa entrar al de los falsos testigos.

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