Dos muy malas ideas de Petro sobre subsidios

El alza mensual de la gasolina no solo mantiene caros los precios, sino que le pega de frente al gremio de los taxistas que ven cómo sus ingresos son menores. El Gobierno Nacional quiere solucionar el problema con una política pública desastrosa: poner a andar una compensación monetaria que beneficie a 768.010 taxis, ubicados especialmente en Cundinamarca, Bogotá y Antioquia, que concentran 55% de la operación.

La gran pregunta es de quiénes son los taxis y quiénes serán los verdaderamente beneficiarios del dinero público; cómo se entregará dicha compensación y si las demandas a tal iniciativa convencen a los altos tribunales de que es un subsidio teledirigido temporal; además, qué puede pasar cuando los precios internacionales bajen o cuando las plataformas tecnológicas que ya tienen una buena parte del mercado de movilidad sean legalizadas.

Son muchas las aristas que tiene tal medida, que empezó a ver la luz desde lo expuesto por el Ministerio de Transporte: “deben hacer una actualización de datos por parte de los conductores de taxi en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Al mismo tiempo, en un trabajo conjunto entre los ministerios de Hacienda, Minas y Transporte, se realizará un ejercicio de medición de consumo de combustible de los vehículos tipo taxi en todo el territorio nacional, con el fin de contar con los lineamientos técnicos que complementen la medida y se entregará la compensación”, un trabajo enorme que no tiene luz al final del túnel, pues no ataca el problema de frente que es la informalidad laboral que existe entre los empresarios de taxis y los taxistas, quienes en su mayoría no tienen seguridad social y carecen de toda formalidad.

Lo mejor en este caso es que opere el mercado, que sean mucho más competitivos, ajusten sus modelos de negocios, pero sobre todo que mejoren la calidad de vida de los taxistas que no son dueños del taxi que manejan.

La otra mala idea del Gobierno Nacional es que se hiciera un pago adicional en la factura de energía que permitiera cubrir el gasto en el transporte público. Si bien a connotados antipetristas les sonó la idea, es ilógica porque no todo el mundo usa buses para movilizarse, incluso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, complementó que es una buena idea, pero no es viable pagar todo el transporte público con una sola fuente. “Si fuera la energía (la factura), la ‘pequeña cuota’ sería en promedio de $200.000 mensuales adicionales para cada hogar. Imposible.

Hay que combinar varias fuentes: del Gobierno Nacional, los gobiernos locales y los hogares”, trinó la alcaldesa. La propuesta de Petro consiste en un pago a través de la factura de luz que daría el derecho a subirse en cualquier bus todos los días. “Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas”.

Los economistas aún no dicen nada, los técnicos de Planeación Nacional no han argumentado nada del Presidente, lo cierto es que ese subsidio distorsiona dos mercados innecesariamente: el transporte masivo y el costo de la energía, dicho sea de paso, dos de los rubros que más afectan la variación de precios. El Presidente, antes de tirar esos globos al aire, debería estudiarlos más a fondo con sus técnicos de cabecera.